"Reforma disfrazada": radican demanda contra decreto de Petro por golpe a empresarios

El Consejo de Estado de Colombia recibió recientemente una demanda que busca anular un decreto expedido por el Gobierno nacional, mediante el cual se adelanta el cobro parcial del impuesto de retención en la fuente correspondiente al año 2026.

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La medida fue implementada por el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), durante la administración del presidente Gustavo Petro, con el objetivo de afrontar la falta de liquidez del Estado colombiano.

Sin embargo, diversos gremios y actores políticos han señalado que esta disposición constituye un golpe a empresarios, ciudadanos y sectores económicos, al introducir ajustes fiscales sin seguir el procedimiento legislativo establecido por el Congreso.

Demanda ante el Consejo de Estado sobre cobro de retención en la fuente

El recurso legal fue interpuesto por David Luna, congresista de Cambio Radical. En su petición ante el Consejo de Estado, Luna argumenta que el decreto viola de forma significativa la Constitución Política, en particular el principio de legalidad tributaria. Asimismo, solicita la suspensión provisional de la norma para prevenir daños irreparables al patrimonio de los contribuyentes y a la economía nacional.

Luna dio a conocer su acción legal a través de la red social X, calificando la decisión del Gobierno como una  “reforma tributaria encubierta” y la intensión del Gobierno de obtener recursos para “comprar votos”. 

Implicaciones del decreto anticipado sobre el impuesto de retención en la fuente

El decreto en cuestión, publicado por el Ministerio de Hacienda, establece nuevas tarifas de retención en la fuente y autorretenciones dirigidas a sectores económicos específicos como:

• La extracción de oro y otros metales preciosos,

• La producción de gas natural,

• El carbón de piedra,

• Generación de energía eléctrica

Esta disposición ha sido fuertemente rechazada por varias agremiaciones empresariales y económicas, que advierten sobre su impacto negativo desproporcionado en las empresas productoras y, en general, en la economía nacional.

La decisión del Gobierno de anticipar el recaudo del impuesto de renta ha provocado una fuerte reacción pública, así como críticas por parte de sectores económicos y políticos. La senadora de oposición María Fernanda Cabal anunció la presentación de demandas adicionales ante el Consejo de Estado.

Ambos coinciden en que el decreto transgrede el proceso constitucional que regula la aprobación de reformas tributarias, ya que debería pasar por el Congreso de la República. Cabal expresó, a través de sus redes sociales, que esta medida representa una carga excesiva e injustificada sobre los ciudadanos, y criticó duramente la gestión económica del Gobierno.

Este decreto se enmarca en el contexto de la negativa del Congreso a aprobar una segunda reforma tributaria en diciembre de 2024, con la cual el Gobierno pretendía recaudar 9,8 billones de pesos para complementar el financiamiento del presupuesto nacional de 2025.

El presidente Gustavo Petro ha señalado que su administración heredó un alto nivel de endeudamiento y que ha enfrentado serias dificultades económicas derivadas de la lenta reducción de tasas de interés por parte del Banco de la República. Estos factores habrían llevado al Ejecutivo a tomar medidas excepcionales para mantener el equilibrio fiscal.