¿Por qué no sacaron a Petro, Benedetti y Alcocer de la Lista Clinton? Destapan razones detrás

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El Departamento del Tesoro sacó a setenta colombianos de la temida lista, pero ratificó las duras sanciones contra el expresidente Gustavo Petro.

Una de cal y otra de arena marcó la más reciente actualización del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos frente a la temida lista Clinton. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) confirmó el retiro de setenta personas y empresas colombianas que durante años cargaron con el estigma y las restricciones de estar fichadas por sus presuntos nexos con estructuras del narcotráfico y redes de lavado de activos. En términos operativos, la decisión cobija a unas 73 entidades y particulares únicos, aunque el documento oficial acumula un total de 114 registros debido a la desagregación de alias y nombres alternativos.

No obstante, el alivio económico no alcanzó a los pesos pesados de la política nacional que figuran en el radar del Gobierno norteamericano. La administración estadounidense mantuvo en firme y sin modificaciones la inclusión del expresidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el exministro Armando Benedetti. Todos ellos fueron fichados oficialmente en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) el pasado 24 de octubre de 2025, bajo el rigor de la Orden Ejecutiva 14059, enfocada en el combate frontal contra el tráfico internacional de drogas.

En su momento, las motivaciones esgrimidas por Washington generaron un terremoto diplomático e institucional en el país. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, justificó con dureza las sanciones al señalar que, bajo la administración del entonces presidente Petro, la producción de cocaína en el territorio nacional experimentó un crecimiento desbordado hasta alcanzar máximos históricos, inundando los mercados estadounidenses. Asimismo, en el caso de Nicolás Petro se investigó el manejo de dineros oscuros ligados a capos, mientras que Alcocer y Benedetti fueron catalogados como piezas clave que habrían proporcionado soporte financiero, material o logístico al exmandatario.

El expediente del Tesoro estadounidense también recopila argumentos sensibles sobre el exministro Armando Benedetti, vinculándolo con la supuesta filtración en 2024 de información confidencial de canales contra el lavado de dinero que puso en jaque la seguridad del sistema financiero internacional, sumado a los audios filtrados en 2023 donde ventilaba detalles sobre la financiación clandestina de campañas electorales. Pese a que estas determinaciones corresponden a fundamentos administrativos y no a condenas de carácter penal —y a que en su momento el Ejecutivo colombiano rechazó enérgicamente los señalamientos—, las consecuencias prácticas son lapidarias. La sanción implica el congelamiento absoluto de bienes y activos bajo jurisdicción de Estados Unidos, además de vetar cualquier operación con ciudadanos y empresas de ese país, bloqueando transacciones financieras globales. A corte de octubre de 2026, el cerrojo económico se mantiene inquebrantable para el círculo cercano del exmandatario, demostrando que Washington no dará su brazo a torcer en este frente geopolítico.