Presidente De la Espriella anuncia protocolo para intervención policial en protestas de universidades públicas

En la noche del sábado 13 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella expresó, durante una alocución, su postura frente a las recientes protestas en universidades públicas. El mandatario anunció la aplicación de un protocolo nacional destinado a diferenciar entre manifestaciones legítimas de protesta y situaciones que involucren violencia, delito flagrante, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público, según sus palabras. Además, señaló: "La autonomía universitaria no es una patente de impunidad, voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar".

Esta declaración movilizó opiniones divididas en la esfera pública. Entre quienes respaldan la postura oficial está la representante Carol Borda, de Salvación Nacional, quien manifestó en su cuenta de X que, como egresada de la Universidad Nacional de Colombia, había presenciado impunidad frente a casos de encapuchados y delincuentes dentro de la institución, por lo que apoya totalmente la iniciativa presidencial. A ella se sumaron figuras políticas como la excandidata Vicky Dávila, quien resaltó que "les llegó la hora a los bandidos infiltrados" y avaló el papel de la Policía Nacional en mantener el orden público. También la exsenadora María Fernanda Cabal opinó a favor, argumentando que la autonomía universitaria habría sido creada con fines ideológicos, y defendió el ingreso de la fuerza pública a las universidades.

No obstante, esta iniciativa generó reacciones críticas. Isabel Vera, representante por el Pacto Histórico, advirtió sobre el riesgo de replicar hechos violentos ocurridos en otras intervenciones policiales en universidades, como la del Valle. En la misma línea, la Universidad Pedagógica Nacional recordó, con base en cifras de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que entre 1962 y 2011 se documentaron 588 crímenes contra integrantes de comunidades universitarias por causas asociadas a violencia estatal, paramilitarismo y otras acciones armadas. La institución subrayó que medidas de represión y militarización han dejado asesinatos, desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias y amenazas, lo cual atenta contra derechos fundamentales protegidos por la Constitución y tratados internacionales.

Por otro lado, el rector de la Universidad del Valle, Guillermo Murillo, afirmó en Blu Radio que los incidentes violentos usualmente no suceden en el interior de la universidad, sino en sus alrededores, y precisó que las personas responsables de hechos delictivos no pertenecen a la comunidad universitaria. Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional, destacó que el verdadero control se logra mediante filtros de ingreso y labores de inteligencia, y que la Policía puede actuar judicialmente donde se cometan delitos. Peña y otros expertos, como Laura Espinosa Macías, recordaron que la autonomía universitaria es un derecho protegido por el artículo 69 de la Constitución y por la Ley 30.

Preocupa a algunos sectores, como la representante Ana Erazo, que el protocolo termine por coartar la libertad de organización del estudiantado, y se advierte del peligro de criminalizar la protesta estudiantil y convertir las universidades en escenarios de intervención policial.

¿Qué implica el protocolo anunciado por el presidente De la Espriella para las protestas en universidades públicas?

El protocolo anunciado busca distinguir entre protestas legítimas y situaciones violentas o delictivas en universidades públicas, permitiendo la intervención de la fuerza pública en casos considerados graves según lo declarado por el presidente. Sin embargo, esto ha despertado temores sobre un posible aumento de la represión y la intervención policial en los campus, así como preocupaciones sobre la afectación de derechos fundamentales como la autonomía universitaria y la protesta pacífica.

¿Qué significa autonomía universitaria según la Constitución Política y la Ley 30?

La autonomía universitaria, según el artículo 69 de la Constitución y respaldada por la Ley 30, garantiza a las universidades el derecho de gestionar su gobierno, programas y recursos, libre de injerencias externas injustificadas, incluyendo la entrada de la fuerza pública salvo situaciones de flagrancia o necesidad judicial. Este principio busca resguardar la vida académica y la libertad de pensamiento dentro de los campus.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.