Buscan ponerles freno a policías que ponen comparendos en Colombia: rueda idea que celebran conductores

Los conductores de aplicaciones de transporte en el país podrían respirar más tranquilos frente a los operativos viales si prospera una iniciativa legislativa que busca ponerle freno a lo que muchos consideran abusos de autoridad y violaciones al debido proceso en las carreteras colombianas.

La propuesta, impulsada por el representante a la Cámara Daniel Briceño, apunta directamente a transformar el procedimiento bajo el cual las autoridades de tránsito imponen el temido comparendo D12. Dicha sanción castiga la presunta prestación de servicio público con vehículos particulares mediante multas que rondan los 1,2 millones de pesos, además de inmovilizaciones que ascienden a cinco días en la primera infracción, 20 en la segunda y hasta 40 en la tercera.

El meollo del asunto y el punto que desata mayor revuelo radica en la prohibición explícita para que los agentes de tránsito exijan y revisen los teléfonos celulares de los conductores en plena vía. Según ha denunciado el congresista, es una práctica habitual y de alta presión que los uniformados soliciten el dispositivo para inspeccionar si el ciudadano tiene abierta una plataforma de movilidad. “¿En qué mundo una autoridad de tránsito puede revisarle a usted el contenido de su celular sin una orden judicial?“, cuestionó enfáticamente Briceño, advirtiendo que aunque el conductor en teoría podría negarse, la intimidación del momento y el temor a represalias terminan obligándolo a ceder su privacidad.

La iniciativa también pretende blindar a los pasajeros que viajan en estos vehículos, prohibiendo tajantemente que sean sometidos a interrogatorios invasivos por parte de los agentes para indagar sobre la naturaleza del viaje o la relación comercial con el chofer. Bajo la óptica del proyecto, la carga de la prueba recae estrictamente sobre la autoridad, la cual deberá valerse de mecanismos tecnológicos legítimos como cámaras de vigilancia o seguimientos propios, en lugar de trasladar la responsabilidad probatoria al ciudadano.

 

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Naturalmente, este revolcón normativo ya comenzó a encender las alarmas y a generar un rechazo categórico en sectores tradicionales como el gremio de taxistas. Para los conductores de taxi, maniatar a los agentes y prohibir la revisión de pantallas digitales equivaldría a dejarles las manos atadas frente a la competencia que consideran desleal, dificultando enormemente la fiscalización de los vehículos particulares que operan al margen de la ley.

De avanzar con éxito en el Congreso, este cambio replantearía por completo las reglas de juego en los retenes del país, obligando a los cuerpos de tránsito a modernizar sus métodos operativos de fiscalización sin pisotear la intimidad ni las garantías constitucionales de los miles de colombianos que se ganan el sustento diario tras el volante de una aplicación.