Docentes rurales del Tolima estarían siendo víctimas de presuntas extorsiones

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Maestros, sindicalistas y líderes indígenas, de la zona rural de Guamo, denunciaron recibir amenazas a través de panfletos.

Ernesto Caños, directivo sindical que habló en medios sobre el asunto, manifestó que la situación causó ‘zozobra’ en la población cuando recibieron las amenazas de muerte. “Algunos docentes de la zona rural están siendo extorsionados por un grupo al margen de la ley que se autodenomina ‘Plan del Golfo’ (sic), quienes les piden dinero a cambio de sus vidas”, dijo el denunciante.

Y agregó que: “Es lamentable lo que está pasando en el Departamento, como directivo sindical hago un llamado a la Secretaría de Educación del Tolima para que revise lo que está pasando en esta zona de la región”.

Cabe aclarar que durante los últimos meses varias denuncias se han formulado alrededor del tema. Durante abril, varios maestros, sindicalistas y líderes indígenas, con presencia en la zona rural de Guamo, denunciaron recibir amenazas a través de panfletos por cuenta de su promoción de la paz y los derechos humanos, según lo manifestó una lideresa social y ambientalista del municipio”.

Lo mismo sucedió durante septiembre del año pasado cuando Sutet Simatol denunció que docentes de Planadas y Saldaña estarían recibiendo diferentes tipos de intimidaciones en donde se hacía referencia a la participación que tuvieron los ‘profes’ en las movilizaciones y protestas sociales.

(Vea también: “Pague o lo boleteamos”: supuestas ‘apps’ financieras extorsionan a deudores desesperados)

Qué dice la Secretaría de Educación

Julián Gómez, jefe de la cartera educativa, explicó que lo primero que le indican a los docentes es que sigan el conducto regular ante las autoridades competentes.

“Deben evaluar si la amenaza se da por ser docentes o por ser particulares. Hay una dificultad en eso y es que esas amenazas pueden llegar a cualquier persona, por lo que es importante determinar si llegan por su ejercicio a la docencia”, estableció.

A su vez, contó que una vez al mes se lleva a cabo el Comité de Docentes Amenazados, en donde en compañía de la secretaría, se disponen de acciones para acompañar este tipo de procesos y ejecutar la reubicación del docente que haya puesto en conocimiento la denuncia.

Y agregó que: “Para que nosotros hagamos el trámite correspondiente es importante tener esa denuncia ante la fiscalía y que sea una denuncia por ejercer la actividad como docente. Cuando son casos confirmados, debemos reubicarlos a ellos en otro sitio de trabajo y mientras eso sucede, se nos genera inconvenientes porque salen de sus espacios y el proceso que desarrollan como docentes se ve ‘truncado’ mientras llega un nuevo profesor”.

Por último, el funcionario dijo que hay dificultades con los docentes que son actores del posconflicto porque “ellos solo pueden ser reubicados en sus mismos municipios. Por ejemplo, sacar a los profesores de Bilbao, en Planadas, y moverlos a zonas rurales de otros municipios es un tema complicado. Hemos manifestado al Ministerio de Educación la necesidad de trasladarlos a otros departamentos en caso de que no tengamos plazas”.

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