Por dudas y riesgos, piden suspender contrato de semáforos inteligentes en Bogotá

La solicitud (inmediata) la hizo la Procuraduría al secretario de Movilidad Juan Pablo Bocarejo, debido a unas presuntas “inconsistencias en la información económica” que entregó una de las firmas que hace parte del consorcio ganador.

Según el ente de control y por una denuncia hecha por El Espectador (el pasado 21 de marzo), la firma argentina Sutec Sucursal Colombia S. A. —miembro del consorcio Movilidad Futura 2050— habría presentado documentos alterados para quedarse con la licitación por 215.000 millones de pesos.

El diario afirmó, en ese entonces, que los estados financieros que radicó Sutec en Argentina “no corresponden ni en datos ni en firmas, con los que presentó ante la Cámara de Comercio de Bogotá”, pues en el país de origen aparece casi en quiebra, mientras que en la capital colombiana se mostró “solvente para poder quedarse con el contrato”.

Por esto, la Procuraduría General de la Nación comenzó la investigación y, en un comunicado emitido este lunes, afirmó:

“Frente a las pruebas practicadas a la documentación presentada en el proceso de licitación por Sutec Sucursal Colombia S. A. no hay seguridad de que la información y sus soportes correspondan a la realidad”.

Lo anterior refiere que el contrato con esa firma implicaría riesgos para la ciudad, ya que no existe una garantía de solvencia por parte del contratista.

Además, por ese mismo contrato (para el suministro, instalación, implementación, operación y mantenimiento del sistema de semáforos inteligentes), el ente indicó que adelanta una investigación disciplinaria contra Bocarejo por la presunta “violación a los principios de publicidad, transparencia, planeación y economía”.

Entre tanto, la Procuraduría recordó que en octubre del 2017 ya le había solicitado a la Secretaría de Movilidad la suspensión de esa licitación por algunas “observaciones técnicas en materia de seguridad vial, falta de planeación, improvisación en el cálculo económico, probable favorecimiento de oferentes y alto riesgo para salvaguardar el patrimonio público invertido”.