Cifra de reclutamiento de menores podría ser mucho mayor; claman ayuda al Gobierno

Un llamado de urgencia formuló este sábado la Procuraduría General de la Nación ante el creciente número de menores de edad que están siendo reclutados por grupos armados organizados al margen de la ley, tal y como se evidenció que viene sucediendo, entre otros, en el departamento de Caquetá.

La Procuraduría señala que conforme al Boletín Estadístico de la Dirección de Protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre el 1º de enero al 9 de octubre de 2023, a nivel nacional se han atendido 134 menores de edad en el programa especial para desvinculados, de los cuales 11 fueron en el departamento de Caquetá: municipio de Florencia (4), San Vicente (1), Puerto Rico (2), Solano (3), Solita (1).

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De la misma forma se recuerda que esto coincide con el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, que identificó los mayores riesgos de reclutamiento en Colombia se encuentran en los siguientes lugares:

Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Magdalena, Vaupés, Meta, Norte de Santander, Nariño, Quindío, Santander, Sucre, Tolima, Guaviare, Vichada, Guainía y Valle del Cauca.

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El Ministerio Público resalta que la Defensoría identificó que en el período comprendido entre 1999 al 9 de octubre de 2023, han ingresado 7.455 niños, niñas y adolescentes, al programa de atención especializada para la atención menores de desvinculados de grupos armados.

Por motivo, estas cifras podrían ser mayores, ya que según el Ministerio Público, podría existir un alto subregistro de casos por miedo a denunciar y a los fenómenos de desplazamiento.

Por lo anterior, la Procuraduría insistió al “Gobierno Nacional la urgencia de materializar la política pública de prevención de reclutamiento, así como en la premura de contar con bases de datos que logren la identificación de la totalidad de menores de edad que han sido reclutados, desvinculados e ingresados a los distintos programas del Icbf”.

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Y agregaron que esto, “permitiría desarrollar e implementar acciones urgentes, eficientes para la prevención temprana y de protección, que logren disminuir los factores de riesgo, transformar los entornos de protección y la reducción de todas las formas de violencia”.