Procuraduría investiga a cuatro gobernadores por incumplimiento en millonarios proyectos

Cuatro gobernadores están siendo investigados por irregularidades en la ejecución de proyectos en sus departamentos, que se habrían financiado con $ 90.000 millones de regalías. La Procuraduría abrió investigaciones en contra de los gobernadores de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa; Huila, Luis Enrique Dussán López; Guainía, Juan Carlos Iral Gómez y Guaviare, Heyder Yovanni Palacio Salazar.

De acuerdo con el Ministerio Público, habría irregularidades “en la ejecución física y presupuestal de proyectos financiados con recursos de regalías, por $ 88.065 millones”. Los proyectos por los que se indaga a los gobernadores tiene relación con vías inconclusas, puentes y proyectos improductivos en los cuatro departamentos y que en tiempo de lluvias podrían generar afectaciones. 

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La Procuraduría encontró que en Antioquia hay un contrato por $ 22.700 millones que tiene como finalidad “el mejoramiento de vías terciarias en los municipios del occidente”. El contrato habría sido entregado a la Asociación de Municipios del Urabá Antioqueño (Asomura), que es la ejecutora; y como contratista a Sigma Construcciones S.A. Sin embargo, dice el Ministerio Público, el contrato se asignó “sin tener en cuenta las disposiciones legales para la contratación pública”, caso similar al de dos exalcaldes de Santa Marta que están bajo la lupa.

El Grupo Especial de Seguimiento a Regalías (GES-SGR) de la Procuraduría, encontró que existen “deficiencias en los estudios topográficos y diseños hidráulicos previos a la obra, condiciones técnicas diferentes a las especificadas en la propuesta inicial, insuficiencia en las vigencias de las pólizas de responsabilidad civil extracontractual e incumplimientos por parte del interventor porque no habría advertido sobre dichas inconsistencias”.

Además, dice la Procuraduría, el gobernador Gaviria es el responsable de verificar la ejecución de las obras. En la investigación también están los secretarios de Infraestructura 2020 y 2021, la supervisora del contrato de interventoría y el director de Asomura.

En el caso de Huila, el proyecto por el que se investiga al gobernador tiene que ver con la construcción de un tramo de siete kilómetros en la vía entre San Marcos y Acevedo, por $ 18.215 millones. La obra, que se aprobó en 2015, solo ha avanzado al 50 % en la actualidad, “aunque su ejecución financiera ya llegó al 100 %”, dice el ente de control.

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Las presuntas irregularidades que encontró el Ministerio Público al parecer están en “la estructuración y formulación del proyecto de inversión que, al no contar con estudios y diseños actualizados, ni con algunos permisos, licencias ni certificado de sostenibilidad, se ha retrasado sistemáticamente”. Adicionalmente, no se ha publicado información contractual del proyecto en el SECOP.

Además del gobernador Dussan López, la Procuraduría indaga a la actual secretaria de Vías e Infraestructura, el secretario de Planeación y el interventor de la obra.

En el caso de Guainia, los investigados son el gobernador y el representante legal de la firma interventora de una obra para la construcción de dos puentes vehiculares en Inírida, cuyo valor es de $ 16.150 millones. En el contrato, dice la Procuraduría, hay más de un año de retraso y ha sido denunciado por comunidades indígenas en la zona, quienes reprochan que el contrato haya sido entregado al cuestionado empresario Winston Hernández, como representante legal de la Unión Temporal Puentes de Guainía.

Por otra parte, en Guaviare y Meta, se investiga al gobernador y al secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente y a la secretaria de Educación departamentales, por el el proyecto Fortalecimiento de la Cadena Productiva del Cacao para las Familias Campesinas. El proyecto “aseguraba en el papel que lograría aumentar los niveles de competitividad y productividad de los cultivos de cacao, mejorar los la producción y el área de los cultivos y capacitarlos sobre el manejo integrado de estos”, algo que en realidad no ha pasado.

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Realmente, dice la Procuraduría, “habría presentado falencias en los estudios, diseños y presupuestos previos, fallas en la identificación y selección de los beneficiarios, ausencia de planos, diseño de drenajes, construcción de canales y de un sistema de riego vital para garantizar las condiciones agroclimatológicas de los terrenos donde se ejecuta el proyecto, cuyo valor supera los $ 31.000 millones”.