Funcionarios de Neiva también fueron inhabilitados por corrupción de contratos de COVID-19

Este viernes 25 de agosto, por medio de un comunicado oficial, la Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad general para Gorky Muñoz Calderón, alcalde de Neiva, por un periodo de nueve años y seis meses, tras presentar irregularidades en la firma de varios contratos para atender la emergencia provocada por la pandemia del COVID-19.

La decisión fue tomada por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular en fallo de segunda instancia, donde también sancionaron al jefe de Gestión del Riesgo de la ciudad, Armando Cabrera Rivera, al secretario de Educación Giovanny Córdoba Rodríguez, y a Camila Mercedes Ortega Suárez, secretaria de la Mujer, Equidad e Inclusión. Además, abrió investigaciones a otros gobernadores del país.

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El Ministerio Público reveló que en una de esas campañas contratadas, incurrieron en errores de valores de uno de los puntos del documento oficial, lo que terminó generando inconsistencias entre el número de las unidades requeridas y las contratadas.

El ente público también logró evidenciar que en otro contrato generado en el año 2020, que era para brindar alimentación a la población vulnerable durante los meses de marzo, abril y mayo, los sancionados incluyeron elementos que no hacían parte de la propuesta inicial presentada por el contratista, lo cual generó otra irregularidad.

Según la investigación, dichos elementos no guardaban ninguna relación, justificación, necesidad o razonabilidad de que fueran pedidos, lo que incrementó el monto de los kits alimenticios en 330 millones de pesos. Los elementos innecesarios eran tapabocas, guantes de látex, overoles, entre otros, que quedaron como parte del sistema alimentario.

En lo que se refiere al tema, se trataba de 115 mil kits para la entrega de las raciones de alimentos, pero según la Procuraduría no se precisaron las unidades ni las características técnicas de todas ellas. Un ejemplo era el del atún, un alimento que probaban dárselo a los estudiantes, pero nunca se aclaró si su compra se hacía en unidades o en lata.

Otra de las irregularidades se trató propiamente de un servicio de vigilancia adquirido con una institución para que realizara interventoría a la oferta del municipio sin cumplir con las calidades necesarias.

Además de que dicha institución estaba inhabilitada para realizar esta gestión, las labores especificadas en el contrato consistían en la entrega de las raciones del Programa de Alimentación Escolar, por un monto total de 5.250 millones de pesos.

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Por estas razones, la Procuraduría afirmó que el alcalde “dejó de cumplir con los deberes propios de su cargo, porque seleccionó contratistas que no garantizaban la mejor oferta y sin seguir un actuar leal y honesto, a pesar de que tenía la capacidad de evitarlo”.

Asimismo, el alcalde Gorky Muñoz fue señalado responsable de tres cargos y dos de ellos catalogados como faltas gravísimas cometidas con culpa gravísima, al igual que los otros tres funcionarios.