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Consideran que la jueza omitió hacer un análisis sobre la gravedad de la conducta cometida por Enilse López, por la cual fue condenada a 37 años de cárcel.
La exempresaria del chance sentenciada a pagar una pena en prisión por el delito de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado fue beneficiada en la tarde del martes 7 de marzo con una orden de libertad inmediata conferida por el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla.
(Vea también: Quién es Rafael Enrique Prins, el periodista que mandó matar el hijo de ‘la Gata’)
Desde ese despacho le ordenaron al Inpec retirar el custodio del lugar de residencia de ‘La Gata’, ubicado en el norte de la capital de Atlántico. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec) verificó la documentación de la orden de libertad, y según El Tiempo, Enilse López ya se encuentra gozando de su beneficio de libertad.
No obstante, López aún tiene una piedra en el zapato que buscará enguacalarla de nuevo, al menos, bajo la medida de casa por cárcel.
La Procuraduría General de la Nación solicitó revocar la decisión que tomó la jueza, la cual beneficia a Enilce López.
Desde la entidad que se encarga de investigar, sancionar, intervenir y prevenir las irregularidades cometidas por los gobernantes, los funcionarios públicos de Colombia buscan que Enilse López siga pagando su condena, por lo menos en su lugar de residencia debido al deterioro de salud que padece a sus 71 años.
Para el organismo estatal la jueza que ordenó la suspensión de su pena no tuvo en cuenta que “la condenada no ha reparado a las víctimas, ni ha expresado su intención de pedir perdón por los daños realizados”, se lee en el sitio web de la Procuraduría.
“[…] Circunstancias que son esenciales para analizar el arrepentimiento por la conducta delictiva y los daños causados”, asevera el ente liderado por Margarita Cabello Blanco.
En cuanto a la avanzada enfermedad, uno de los as bajo la manga de sus abogados para ponerle fin a su condena, la Procuraduría argumenta que “lo procedente no es acudir a la suspensión de la ejecución de la condena”, y en ese orden de ideas, la entidad cree que lo más acorde es que continúe en “reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad muy grave”.
Por el momento, la defensa de la exempresaria sucreña no se han pronunciado frente a este pedido de la Procuraduría.
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