Corte Suprema define el futuro judicial de la gobernadora del Cesar: ¿qué hay detrás del polémico caso?

La gobernadora del departamento del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila, enfrenta actualmente un proceso penal que ha llamado la atención de la opinión pública. Este martes 27 de enero, la mandataria comparecerá ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de una citación para la audiencia preparatoria. Dicho encuentro, establecido para las 8:00 de la mañana, se considera determinante: en él, la Fiscalía General de la Nación presentará sus argumentos y las pruebas que sostienen las acusaciones, mientras que la defensa de Sanjuán Dávila expondrá sus propios elementos para responder a los señalamientos.

La programación de audiencias de la Corte Suprema de Justicia, difundida mediante sus canales oficiales y actualizada de forma semanal, destaca la relevancia de este caso dentro de su agenda. Según la Corte, estas audiencias pueden sufrir variaciones en su cronograma, dependiendo de las necesidades y decisiones internas del tribunal.

El origen de este proceso judicial se remonta a la época en la que Elvia Milena Sanjuán Dávila desempeñó funciones de alcaldesa en el municipio de San Diego, Cesar, entre los años 2016 y 2019. Las investigaciones se centran en la celebración del contrato de compraventa identificado con el número 17-046, suscrito el 27 de marzo de 2017, mediante el cual el municipio adquirió un terreno de 12 hectáreas denominado “Sagrado Corazón de Jesús”. El propósito de la administración local era destinar este predio a la construcción de vivienda de interés social, una política pública dirigida a atender las necesidades habitacionales de la población vulnerable.

No obstante, la Fiscalía sostiene que Elvia Milena Sanjuán Dávila habría incurrido en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades. El argumento central del ente acusador apunta a la supuesta incapacidad legal del vendedor del lote, Juan Gerardo Arzuaga Rubio, para contratar con entidades estatales y a la posible manipulación del proceso de selección para favorecerlo. La Corte Suprema de Justicia, en consecuencia, tiene la tarea de evaluar si existió o no una conducta reprochable en la gestión contractual de la entonces alcaldesa.

Originalmente, la situación jurídica de Sanjuán Dávila era competencia de juzgados penales de Valledupar. Sin embargo, tras su elección como gobernadora el 29 de octubre de 2023 y su posterior posesión el 1 de enero de 2024, la funcionaria adquirió lo que se conoce como fuero constitucional, un tipo de protección jurídica que implica que las investigaciones y juicios contra ciertos funcionarios públicos deben ser realizados por órganos superiores, en este caso la Corte Suprema de Justicia.

Actualmente, el proceso identificado bajo el número 01098 está en manos del despacho de la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila. En la próxima audiencia se concretará cuáles pruebas serán admitidas y debatidas, posibilitando que la gobernadora ejerza cabalmente su derecho a la defensa. La resolución de este caso tiene especial relevancia, dado que involucra directamente el escrutinio de la conducta de una máxima autoridad departamental por parte del principal órgano de justicia ordinaria en Colombia.

¿Qué significa “fuero constitucional” y por qué lo adquiere un gobernador?

El término “fuero constitucional” hace referencia a una prerrogativa jurídica que tienen ciertos funcionarios públicos en Colombia, permitiéndoles ser juzgados solamente por órganos judiciales específicos –como la Corte Suprema de Justicia–, en virtud de la importancia y responsabilidad de los cargos que ocupan. En el caso de los gobernadores, una vez asumen sus funciones, el fuero impide que sean juzgados por jueces ordinarios y establece que cualquier investigación penal en su contra sea competencia exclusiva de la Corte Suprema. Esto busca garantizar la independencia, imparcialidad y rigor en los procesos judiciales relacionados con altos funcionarios, así como proteger la institucionalidad.