“La paz no se debe limitar a un Gobierno”: presidenta de Cajar se la juega por fin del conflicto
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El tema de la paz está en boca de millones de colombianos, pues los aparentes avances en esa materia de orden público siguen creando controversias.
Tras más de cinco décadas de conflicto armado, Colombia dio un paso trascendental hacia la paz en 2016 con la firma del Acuerdo entre el Gobierno y las Farc-Ep. Ese hito no solo marcó el desarme de una de las guerrillas más antiguas de América Latina, sino también el inicio de un proceso complejo de reconciliación nacional.
(Vea también: Entre “paz total” y “amor eficaz”, a Petro se le complica su principal apuesta de Gobierno)
Sin embargo, los años siguientes demostraron que el fin del conflicto con un actor no significaba la paz total: el país sigue enfrentando disputas territoriales, la presencia de otros grupos armados ilegales y retos estructurales en zonas históricamente olvidadas por el Estado.
Aunque se han dado avances, como la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el trabajo de la Comisión de la Verdad, los obstáculos persisten, líderes sociales, excombatientes en proceso de reincorporación y comunidades rurales continúan siendo víctimas de amenazas y violencia.
Los grupos disidentes de las Farc, el Eln y estructuras criminales ligadas al narcotráfico han llenado de miedo y muerte varios territorios, dificultando la consolidación de una paz estable y duradera. Esto ha puesto a prueba la capacidad del Estado para cumplir lo pactado y proteger a la población civil.
Hablando de temas de paz y resolución del conflicto armado, Pulzo conversó con Yessika Hoyos, presidenta del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) y nueva integrante de la Comisión Asesora de Política Criminal, quien habló sobre cómo avanza el país en materia de paz no solo en las ciudades, sino en las regiones (las más golpeadas por la violencia).
Hoyos, abogada defensora de derechos humanos en Colombia, expresó que “toda la salida al conflicto interno armado debe ser dialogada”, pues continuar con la mentalidad de guerra “solo deja más víctimas”. También mencionó que en el país, quienes defienden los derechos humanos y ambientales, “han sido estigmatizados y amenazados”, ya que aquellos que alzan la voz en esa materia son objetivo de todo tipo de señalamientos. Pero eso no la ha detenido, ya que hace su trabajo con “Mucho amor y compromiso por el país”.
Eso sí, sostiene que son muchos los obstáculos que se presentan para que las víctimas del conflicto armado en Colombia puedan acceder a la verdad, justicia y reparación tras décadas de muertes, amenazas, secuestros y desplazamiento: “Con las ejecuciones extrajudiciales forzadas, se negaba que eso estuviera ocurriendo y se decía que era una campaña en contra de la fuerza pública, hasta que las víctimas fueron escuchadas y pudieron salir a la luz estos crímenes”.
Señaló que ante las autoridades también hay dificultades para las víctimas en territorio nacional. Hoyos sostiene que suelen ser “poco empáticas con el dolor que atraviesan las víctimas y sus familias”, pues hay una Fiscalía “que es un poco reacia a acompañarlas”, aunque asegura que hay avances en esa institución que “se deben reconocer”, como es el caso de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, que de “manera valiente asumen las investigaciones”, al igual que algunos jueces que han tenido que buscar verdad, pese a las estructuras criminales organizadas que las amenazan para que desistan de sus indagaciones.
En cuanto a la “paz total” del presidente Petro, cree que se está corriendo contra el tiempo. Pese a las críticas que ha recibido la bandera que llevó al líder del Pacto Histórico a ganar las elecciones en 2022, Hoyos afirma que “la paz no se debe limitar a un Gobierno”, sino que es un deber nacional.
“Se debe pensar como una política de estado, independientemente del Gobierno que pase. Cuando no se piensa de esa manera es cuando como país fracasamos”.
En ese sentido, estima que “la paz total” no ha funcionado, pues la mesa de diálogo con el Eln se suspendió y eso retrasó los planes de construir lazos de convivencia pacífica en diversas regiones del país que, en este momento, siguen bajo el fuego e influencia de los grupos armados ilegales como Cauca, Nariño y Norte de Santander, entre otros, en los que siguen los desplazamientos forzados y asesinatos.
Sostiene además que el acuerdo de paz firmado por el expresidente Juan Manuel Santos “fue muy importante, histórico”, con puntos que le apuntan a cambiar la suerte de los territorios, aunque ese sueño, según ella, con el arribo de Iván Duque a la presidencia “se dejó de cumplir”, debido que nunca fueron una prioridad para el mandatario que gobernó entre 2018 y 2022.
Cree que una de las claves para superar el conflicto armado en Colombia “es la educación”, ya que no solo se debe llevar la fuerza del Ejército a los territorios, sino que lo importante es acompañar la estrategia de gobernanza con “la salud y servicios básicos como el agua potable”.
La presidenta de Cajar cree que para honrar los acuerdos de paz firmados por Santos, se debería crear mayor participación política y abandonando “la estigmatización contra los partidos políticos”, como ocurrió con la Unión Patriótica, y que se repitió con el atentado contra Miguel Uribe, en Bogotá, pese a que “no se pueden comparar“ los casos de violencia.
Adicional a ello, sentenció que la paz parte de los territorios y de mostrar acciones reales para la sustitución de los cultivos ilícitos con el acompañamiento del Estado, así como se debe dar reconocimiento y difusión del informe de la Comisión de la Verdad, para que los colombianos sepan cuál es el contenido real sobre lo ocurrido en el país durante décadas.
Hoyos cree que si las cosas siguen cómo están, en materia de conflicto armado, el país seguiría teniendo “más víctimas en los territorios, pues Indepaz dice que entre enero y marzo de 2025, “hubo 35 líderes y lideresas asesinadas”, y que “hubo más de 27 masacres”, violaciones de derechos humanos que no se combaten con la guerra, sino con una apuesta seria del Gobierno por conciliar con guerrillas y bandas criminales, pero sin quitarle a las Fuerzas Armadas su papel de garantizar el orden en los territorios.
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