Bogotá
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La idea de este ley promovida en el Congreso por Karina Espinosa es que los cachos puedan denunciarse bajo el marco legal de la violencia intrafamiliar.
En el Congreso de la República fue radicado el proyecto de Ley 212 de 2025, conocido como Ley Cero Cacho, Cero Violencia, impulsado por la senadora Karina Espinosa Oliver y respaldado por varios congresistas. La iniciativa pretende dar un paso decisivo en la protección de las familias colombianas al incluir la infidelidad como uno de los factores que pueden desencadenar violencia intrafamiliar, tanto física como psicológica y emocional.
De acuerdo con la propuesta, los actos de violencia que surjan a raíz de una traición sentimental podrán ser denunciados y tramitados bajo el mismo marco legal que regula la violencia intrafamiliar. Esto significa que las víctimas tendrían derecho a recibir atención inmediata, acompañamiento psicosocial y jurídico, así como medidas de protección contra los agresores. El proyecto también contempla el impacto de estas situaciones en los hijos, reconociendo que el dolor causado por las infidelidades afecta directamente al núcleo familiar.
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El papel de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Fiscalía General de la Nación y las Comisarías de Familia será clave para atender las denuncias y garantizar las medidas de protección. Según el Código Penal, las agresiones físicas o psicológicas podrían derivar en condenas de entre 4 y 8 años de prisión. Además, los responsables tendrían prohibido acercarse o comunicarse con la víctima y podrían enfrentar sanciones económicas, incluyendo la obligación de indemnizar los daños materiales y psicológicos.
La senadora Espinosa explicó que con esta norma se busca ponerle fin a la normalización de la violencia originada en conflictos de pareja, y aclaró que la infidelidad no se castigará como delito en sí misma, sino en los casos en que esta genere situaciones de maltrato. Con ello se pretende frenar la justificación de agresiones verbales, físicas o psicológicas con el pretexto de una traición sentimental, y ofrecer un respaldo efectivo a las personas que resulten afectadas.
El tema de la infidelidad también entró en la agenda política con las declaraciones del precandidato presidencial Santiago Botero. Durante una visita a Valledupar, aseguró que, de llegar al poder, excluiría de su equipo de trabajo a cualquier persona infiel, pues considera que “quien engaña a su pareja también puede engañar al Estado y robar recursos públicos”.
Botero, conocido por su estilo polémico, afirmó incluso que destituiría a su propio vicepresidente si incurriera en infidelidad, sin importar lo que diga la Constitución. Sus palabras han generado controversia, pues vinculan directamente la vida privada con la idoneidad para ejercer un cargo público, lo que abre una discusión paralela sobre hasta dónde debe llegar la intervención del Estado en asuntos personales.
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