Petro le puso como tarea a Daniel Quintero demandar a estas personas: se quita responsabilidad

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En Medellín, donde estuvo el exalcalde que ahora es superintendente de salud sin tener ninguna experiencia en ese campo, el presidente dio la orden.

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la crisis del sistema de salud del magisterio y lanzó una dura orden pública al nuevo superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, en medio del creciente malestar de docentes por fallas en la atención médica, retrasos en medicamentos y el deterioro financiero del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), que es una consecuencia de las decisiones que el presidente y el ministro de salud han tomado en este cuatrenio.

(Vea también: Denuncias por nombramientos en el Fomag salpican a exministra Corcho y al actual ministro Jaramillo)

Durante un acto público en el Día del Trabajo, desde Medellín, el mandatario instruyó directamente al funcionario para que intervenga el Fondo y entregue resultados en un plazo de 15 días.

“Aquí está presente el superintendente de salud: le ordeno (…) que entre al Fomag (…) me entrega usted listado completo de los funcionarios que han colaborado con ese robo y pone la denuncia contra los presidentes de la Fiduprevisora que permitieron que la reforma a la salud que propusimos no se implementara”, afirmó Petro.

El jefe de Estado incluso aseguró que en el sistema “se han robado billones de pesos del dinero de los maestros” y exigió revelar “los nombres de ladrones del sector privado y público”.

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Las declaraciones llegan en uno de los momentos más críticos del modelo de salud del magisterio, presentado por el propio Gobierno como alternativa para transformar el sistema sanitario colombiano. Sin embargo, la orden presidencial también evidencia un intento político de marcar distancia frente a los resultados negativos de una reforma diseñada, impulsada e implementada por su propia administración.

El problema central es que el Fomag no es una estructura ajena al Ejecutivo. El Gobierno participa directamente en su dirección, toma decisiones sobre el modelo y avaló los cambios que hoy están bajo cuestionamiento. Por ello, expertos y sectores sindicales recuerdan que las consecuencias del modelo no pueden recaer únicamente en operadores, funcionarios o entidades específicas.

La responsabilidad política y administrativa recae, en primera instancia, en quien gobierna y en quienes diseñaron las decisiones que llevaron a la actual crisis.

Según la Veeduría Nacional por el Derecho a la Salud del Magisterio (VEEDUSALUD), la revisoría fiscal del Fondo confirmó un deterioro financiero severo que llevó el patrimonio deficitario de -391 mil millones de pesos a cerca de -3,2 billones entre 2024 y 2025.

El informe advierte irregularidades administrativas, ausencia de controles, gastos sin justificación por cerca de 1,8 billones de pesos y fallas estructurales en la supervisión del sistema.

Las consecuencias ya se sienten en la atención diaria. Docentes han denunciado cancelación de tratamientos, demoras en citas médicas y desabastecimiento de medicamentos. Las quejas aumentaron un 36 % en un año, reflejando el deterioro progresivo del servicio.

Incluso el malestar llevó a un paro nacional del magisterio en abril de 2026, tras reportes de interrupciones en tratamientos oncológicos, peregrinaciones administrativas para acceder a servicios y retrasos en pagos a clínicas y hospitales.

Un modelo creado por el Gobierno

El modelo actual del Fomag no surgió de administraciones anteriores ni de decisiones aisladas. Fue promovido como una muestra piloto del sistema de salud que el Gobierno Petro pretende implementar a nivel nacional. Por eso, la crisis del magisterio se convirtió en una prueba real del funcionamiento de esa propuesta.

Aunque Petro ahora ordena investigaciones y exige responsables, el debate político gira alrededor de un punto clave: el presidente no puede desligarse de los resultados de una reforma impulsada por su propio gobierno.

Las decisiones sobre contratación, operadores, cambios administrativos y diseño del modelo fueron adoptadas dentro del Ejecutivo. En consecuencia, los resultados —positivos o negativos— deben ser asumidos por el presidente y por los funcionarios que participaron en esas determinaciones, no trasladados únicamente a terceros.

Mientras el superintendente Quintero recibe la orden de presentar nombres y denuncias en dos semanas, el país observa una discusión más profunda: si la crisis del Fomag es producto de corrupción individual o del fracaso estructural de una política pública diseñada desde la Casa de Nariño.