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Se trata de un documento que evitaría que las acciones judiciales que enfrenta el mandatario sean revisadas exclusivamente por el Consejo de Estado.
El presidente colombiano Gustavo Petro, junto con el Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, firmó el Decreto 0799 de 2025. Esta legislación modifica la forma de revisión de las tutelas presentadas contra el presidente y su Gobierno.
(Vea también: Gigantesco banco expuso problema en Colombia y tiene que ver con decisión del Gobierno)
Anteriormente, las acciones de tutela interpuestas contra el presidente de la nación y su administración eran revisadas en primera instancia por el Consejo de Estado, el tribunal supremo de lo contencioso administrativo en Colombia. No obstante, el Decreto 0799 redistribuye este trabajo, asignándolo a los jueces del circuito o de igual categoría, de acuerdo con Semana.
Este movimiento provoca opiniones divididas; mientras unos aplauden el decreto como un avance hacia la igualdad procesal y la desjudicialización de la figura presidencial, otros lo critican como una encubierta violación de la autonomía del Consejo de Estado.
El ministro Montealegre, en su explicación sobre la necesidad del decreto, afirmó que la dispersión de las tutelas evitaría la agrupación de poder en un solo cuerpo, favoreciendo la imparcialidad y la objetividad judicial
. “La medida pretende fortalecer la imparcialidad del sistema judicial”, explicó Montealegre en declaraciones recogidas por El Tiempo, añadiendo que el paso es necesario “para evitar que una misma corporación judicial deba conocer previamente de un asunto en sede de tutela y luego actuar como juez natural en el control de legalidad de los actos administrativos del presidente”.
Por otro lado, voces críticas advertían sobre la posible inconstitucionalidad del decreto. Argumentan que el Ministerio de Justicia no puede alterar la competencia del Consejo de Estado, cuya función está claramente estipulada en la Constitución, a través de un acto administrativo.
Dentro de las reacciones en contra de la mediada está la de la congresista María Fernanda Cabal, quien asegura que el documento firmado por el dirigente también cobija las tutelas “relacionadas con seguridad nacional, erradicación de cultivos ilícitos y decisiones de alto impacto”.
“Demandaré en las próximas horas el decreto 0799, de julio de 2025 con el que Petro y su ministro de Justicia violan la Constitución y la Ley. Esto que pretenden es una amenaza directa al Estado de derecho.”, escribió la congresista en X.
Publicado a nivel nacional por la Gaceta Oficial el 10 de julio de 2025, el decreto pone en el centro del debate público el equilibrio del poder en Colombia. Aunado a esto, la academia jurídica y la opinión pública estarán observando y analizando tanto la reacción como la interpretación de los tribunales ante esta reconfiguración de las revisiones de tutela.
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