Crisis en el gabinete de Petro: polémicas designaciones y cambios en diplomacia generan alarma institucional

El final del mandato de Gustavo Petro se caracteriza por una inusual desarticulación administrativa, en lugar de la cohesión y la consolidación de logros que suelen marcar el cierre de un gobierno. Este fenómeno, interpretado por el Ejecutivo como una expresión de “lealtad popular”, se percibe externamente como una señal de deterioro institucional y falta de rigor técnico, especialmente visible en decisiones recientes sobre nombramientos dentro del gabinete y en el cuerpo diplomático.

Uno de los episodios más controvertidos de la semana, según información publicada por EL COLOMBIANO, es la designación de Alfredo Acosta Zapata como titular del Ministerio de la Igualdad. Aunque este ministerio fue creado recientemente, no ha logrado consolidarse como un referente de gestión pública: su ejecución presupuestal ha sido cuestionada, y la llegada de Acosta —quien solo acredita estudios de bachillerato y una trayectoria limitada a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)— intensifica las dudas sobre su rumbo. La falta de experiencia administrativa de Acosta, señalada por representantes del Congreso como Katherine Miranda (Alianza Verde) y la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático), ha sido severamente criticada por abrir la puerta a un manejo clientelista de recursos que deberían garantizar la equidad social.

Este nombramiento sucede a la polémica salida de Juan Carlos Florián, cuya presencia en Igualdad ya había sido foco de cuestionamientos debido a su inexperiencia y antecedentes como creador de contenido para adultos. El caso de Acosta, sin embargo, representa un nuevo nivel de preocupación por la ausencia total de manejo de fondos públicos por parte del designado ministro, según lo advierte la oposición política y diversas voces expertas.

El desorden administrativo no se limita a Igualdad. El Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por la canciller Rosa Villavicencio, modificó el Manual de Funciones para eliminar la obligatoriedad de dominar idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al momento de asignar embajadores. Esta medida, que según Camilo Reyes —exministro de Relaciones Exteriores— representa un retroceso histórico, responde a la dificultad del gobierno para nombrar a aliados políticos en el servicio diplomático que no cumplen con el perfil tradicional, lo que genera descontento y desmoralización en la carrera diplomática profesional.

El impacto fiscal de esas decisiones tampoco es menor. El Estado deberá contratar más traductores y asesores para suplir la falta de competencias lingüísticas entre embajadores en países clave. Por otro lado, la baja ejecución presupuestal en ministerios como Igualdad y Vivienda está asociada, de acuerdo con varios informes, a la curva de aprendizaje y limitada formación técnica de los funcionarios nombrados. El efecto tangible es el atraso de proyectos y el estancamiento de recursos destinados a resolver necesidades sociales urgentes.

En el entorno diplomático, la crisis se agudiza con rumores sobre la negativa de visa estadounidense a la canciller Villavicencio —lo que impediría su participación en una cita clave con el presidente estadounidense Donald Trump— y posibles cambios en la cúpula diplomática tras supuestas solicitudes de renuncia. De esta manera, la gestión de Petro, que se autodenomina como “Gobierno del Cambio”, concluye su periodo generando dudas sobre el compromiso real con la meritocracia y el fortalecimiento institucional.

¿Qué es el Manual de Funciones y por qué es relevante en el Ministerio de Relaciones Exteriores? El Manual de Funciones es un documento oficial que establece los requisitos, capacidades y responsabilidades para los cargos dentro del Ministerio. Su modificación es significativa porque define el perfil de quienes representan al país en el exterior. Eliminar la exigencia de idiomas para embajadores afecta tanto el profesionalismo de la diplomacia como la eficacia en la gestión internacional, pues pueden nombrarse personas que no cumplen con los estándares tradicionales, lo que puede impactar negativamente la comunicación, la gestión bilateral y la imagen de Colombia ante el mundo.