Papá de Laura Moreno (con su cuestionada empresa) recibiría millonario contrato de Ecopetrol

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Jorge Moreno, quien fundó la empresa Montajes JM S.A., salpicada en una denuncia de desfalco a la Dian, estaría detrás de un millonario contrato.

Un nuevo escándalo rodea a Ecopetrol tras conocerse que una empresa vinculada a Jorge Moreno, el padre de Laura Moreno, estaría próxima a quedarse con un millonario contrato para operar un campo petrolero, pese a que la compañía enfrenta investigaciones penales por presunto lavado de activos y un supuesto desfalco a la Dian.

De acuerdo con revelaciones periodísticas, la compañía —que está bajo la lupa de la Fiscalía General de la Nación— participa en un proceso contractual relacionado con la operación de activos petroleros de la estatal. La polémica surge porque el empresario dueño de la firma es el padre de Moreno, recordada por su participación en uno de los casos judiciales más mediáticos del país.

Según la información divulgada por Semana, la empresa del empresario ha venido adelantando gestiones para convertirse en operadora de un campo perteneciente a Ecopetrol. El proyecto implicaría un contrato multimillonario dentro del esquema de reasignación de activos petroleros que la compañía estatal ha venido ejecutando.

Estos reportes periodísticos indican que la firma aparece dentro de los procesos evaluados por la petrolera para asumir operaciones técnicas y administrativas del campo, lo que le permitiría manejar producción, infraestructura y explotación de hidrocarburos.

El punto crítico es que la compañía figura dentro de una investigación de la Fiscalía por presunto lavado de activos, derivado de un supuesto entramado que habría afectado recursos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Las indagaciones buscan establecer si hubo movimientos financieros irregulares relacionados con contratos estatales anteriores.

Hasta ahora, Ecopetrol no ha confirmado una adjudicación definitiva del contrato. Según las versiones conocidas, el proceso aún estaría en fase de evaluación técnica y financiera, por lo que la empresa investigada sigue siendo una aspirante dentro del proceso y no necesariamente la ganadora final.

La petrolera estatal ha defendido en ocasiones similares que sus procesos contractuales cumplen criterios técnicos, económicos y legales, y que la participación de compañías depende del cumplimiento de requisitos establecidos en la normativa vigente.

Sin embargo, el caso vuelve a poner bajo escrutinio los mecanismos de selección de operadores petroleros, especialmente cuando existen investigaciones judiciales abiertas contra los interesados.

Investigaciones por presunto desfalco a la Dian

Las investigaciones judiciales mencionadas señalan que la empresa habría sido utilizada dentro de un esquema que estaría vinculado a un presunto desfalco tributario. Aunque el proceso no ha concluido ni existe condena, la situación genera cuestionamientos sobre la idoneidad de la compañía para asumir operaciones estratégicas dentro del sector energético.

Fuentes citadas por Semana indican que la Fiscalía mantiene abiertas las diligencias para determinar responsabilidades penales y el origen de los recursos manejados por la firma. Este contexto ha despertado críticas debido a que el contrato con Ecopetrol podría avanzar mientras las investigaciones siguen en curso.

Analistas consultados en las publicaciones advierten que, aunque legalmente una empresa investigada puede participar en procesos contractuales si no tiene sanciones vigentes, el caso abre un debate sobre estándares de transparencia y control en la contratación pública.