Pacto Histórico no pagó deuda de campaña en 2022 y juez tomó drástica decisión con sus cuentas

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Se trata de un embargo ordenado para cubrir una deuda de $450 millones que una empresaria asegura haber prestado a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

El embargo de los recursos del Pacto Histórico se deriva de una reclamación económica por un préstamo de 450 millones de pesos que, según la demandante, sigue pendiente desde la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

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Dicha decisión fue emitida por un juzgado de Barrancabermeja (Santander) y busca asegurar el pago de la obligación mientras avanza el proceso judicial contra Colombia Humana, que se fusionó por la colectividad del expresidente.

La acreedora es Bibiana Piedad Pérez Arroyo, una empresaria santandereana que solicita la devolución del dinero y el reconocimiento de los intereses correspondientes. El préstamo se habría entregado el 18 de mayo de 2022, pocos días antes de la primera vuelta presidencial.

Ella sostiene que, pese al tiempo transcurrido, la obligación no ha sido saldada, según la información publicada por Semana y otros medios que conocieron el caso.

La orden judicial no surgió inicialmente contra el Pacto Histórico. La reclamación estaba dirigida contra Ricardo Roa, quien se desempeñó como gerente de la campaña presidencial de Petro, y contra Colombia Humana.

Sin embargo, después de la fusión de esa colectividad con otros movimientos para conformar el Pacto Histórico como partido político, el proceso pasó a involucrar los recursos de esta organización.

El Juzgado Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja dispuso la retención de los dineros depositados o que lleguen a ingresar a una cuenta de ahorros del Pacto Histórico en Confiar Cooperativa Financiera.

Según informó Caracol Radio, la decisión fue emitida el 23 de septiembre de 2026 y estableció un límite de hasta 1.500 millones de pesos para la medida cautelar. Esa cifra corresponde al tope del embargo, no al monto original del préstamo reclamado.

¿Qué pasará con el dinero embargado al Pacto Histórico?

La medida busca que existan recursos disponibles para responder por la obligación reclamada, pero no significa que la empresaria ya haya recibido el dinero. La entidad financiera debe cumplir la orden judicial en los términos establecidos por el juzgado, que dispuso poner las sumas retenidas a disposición del despacho. El desarrollo del proceso determinará cómo se concreta el pago de los 450 millones de pesos y sus intereses.

El caso se suma a otras actuaciones judiciales relacionadas con obligaciones económicas de la campaña presidencial de 2022. No obstante, esta reclamación por el préstamo debe diferenciarse de las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la financiación electoral, pues se trata de un proceso civil para cobrar una deuda.

La orden de embargo, por sí sola, tampoco equivale a una condena penal contra Ricardo Roa ni establece responsabilidades penales por el manejo de los recursos de campaña.