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La Procuraduría retiró a Rodolfo Hernández del cargo por tres meses; el Tribunal Administrativo de Santander emitió una medida cautelar a favor del mandatario.
El juzgado respondió así a una acción de tutela interpuesta por el alcalde, en la que solicitaba la “suspensión de los efectos de la suspensión provisional en el ejercicio de funciones”, argumentando que tal castigo “se limita a faltas disciplinarias que tienen origen en actos de corrupción”.
Cabe recordar que la suspensión de Hernández obedece a la agresión —verbal y físical— a la que sometió al concejal Jhon Claro, del partido ASI, cuando este le reprochó su presunta vinculación con una empresa implicada en casos de corrupción, el pasado 28 de noviembre.
El fallo de la magistrada Solange Blanco, reproducido por Vanguardia Liberal, ordenó además al gobernador de Santander entregar al Tribunal las pruebas de la acusación en las próximas 24 horas.
El alcalde manifestó al diario bumangués que se pronunciará este jueves, después de revisar el fallo con detalle.
La orden de restitución tiene efecto inmediato, y “la Procuraduría solo podrá apelar a la decisión hasta enero del año entrante pues desde el 20 de diciembre inicia el periodo de vacancia judicial”, explica El Espectador.
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