Relatores de la ONU advierten sobre riesgos para la JEP en Colombia ante recortes y reformas legislativas

Cuatro relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron formalmente su preocupación al presidente Abelardo de la Espriella sobre el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia. La advertencia, comunicada en una carta difundida por El Espectador, señala tanto los posibles recortes al presupuesto como varias iniciativas legislativas en curso que podrían modificar el tiempo de funcionamiento y el alcance de las sentencias contra exintegrantes de la fuerza pública en el marco de la justicia transicional.

El pronunciamiento de la ONU, fechado el 29 de septiembre y firmado por Bernard Duhaime, Grazyna Baranowska, Morris Tidball-Binz y Margaret Satterthwaite, recoge siete requerimientos dirigidos al Gobierno nacional sobre el respaldo y la protección del sistema de justicia transicional que surgió tras el Acuerdo de Paz. El documento analiza el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, el traslado de COP 170.000 millones de la JEP a la Rama Judicial y las reformas constitucionales presentadas por representantes de Salvación Nacional y Centro Democrático. Una de las iniciativas busca limitar a diez años la vigencia de la JEP, mientras la otra pretende que sentencias de exuniformados sean revisadas por el Tribunal Superior Militar y Policial.

Los relatores reconocen el camino andado por Colombia desde la firma del Acuerdo de Paz hace una década y subrayan la importancia de mantener autónoma e independiente a la JEP, como pieza clave en la garantía de los derechos de las víctimas y la lucha contra la impunidad. Destacan que ningún Estado debería permitir que crímenes como la tortura, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas queden sin investigación y sanción, pues esto representa una falla grave en los compromisos internacionales.

En relación con los recortes presupuestales, el documento critica la falta de transparencia y consulta en la toma de estas decisiones, advirtiendo sobre su impacto negativo en la protección de poblaciones vulnerables y en la continuidad del proceso de justicia transicional. Además, los relatores enfatizan que la independencia judicial no es un aspecto negociable y que las decisiones presupuestarias deben ser objetivas y transparentes, considerando el trabajo y necesidades de la JEP.

Sobre las reformas para revisar sentencias en tribunales militares, expresan que tales competencias deben ser excepcionales y no aplicarse en casos de violaciones graves a los derechos humanos, ya que esto pondría en desventaja a las víctimas y desestabilizaría el equilibrio del Sistema Integral para la Paz. Asimismo, alertan sobre el riesgo de que los cambios legislativos o la reducción del tiempo de funcionamiento de la JEP dejen inconcluso su mandato, debilitando las garantías de justicia, verdad y reparación adquiridas por Colombia en el escenario internacional.

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¿Qué implicaciones tendría un recorte presupuestal a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia?

Un recorte al presupuesto de la JEP podría afectar la independencia y capacidad operativa de esta entidad encargada de juzgar crímenes relacionados con el conflicto armado, según los relatores de la ONU. La falta de recursos pondría en riesgo la continuidad de los procesos, la atención a las víctimas y el compromiso del Estado colombiano de garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición ante la comunidad internacional.

¿Por qué es importante que la revisión de sentencias de la JEP no pase a la Justicia Penal Militar y Policial?

De acuerdo con la carta de la ONU citada por El Espectador, permitir que la Justicia Penal Militar y Policial revise sentencias de la JEP limitaría el acceso a tribunales independientes, poniendo en desventaja a las víctimas y socavando la esencia misma del sistema de justicia transicional. Estas competencias deben restringirse a delitos estrictamente militares y no contemplar violaciones de derechos humanos, para evitar riesgos de impunidad.