Millonaria recompensa por información del hombre que pateó y mató a un perro que le robó carne

El responsable, identificado como Fernando Oviedo, podría afrontar penas de prisión de 32 a 56 meses o multas entre los 30 a 60 salarios mínimos legales.

Indignación es lo que ha generado en Antioquia el grave caso de maltrato animal que quedó registrado en un video que le ha dado la vuelta a las redes sociales.

En las imágenes se observa a un hombre golpeando con fuerza a un perrito hasta causarle la muerte, al parecer, para reprenderla por robarle un trozo de carne, lo que motivó al gobernador Andrés Julián Rendón a ofrecer una millonaria recompensa para quien de información que permita dar con el paradero del señalado agresor.

“¿Qué puede pasarle por la cabeza a una persona para actuar con semejante crueldad contra un perrito?”, cuestionó el mandatario regional en su cuenta de X, al confirmar la recompensa de hasta 50 millones de pesos.

Por lo pronto, se conoce que los hechos ocurrieron en Caucasia, pero el señalado victimario, Fernando Oviedo, es oriundo de Sonsón. El alcalde de esta última localidad, Juan Diego Zuluaga, repudió el hecho.

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“Ni en Sonsón ni en nuestro departamento vamos a permitir que maltraten a nuestros animales, ni que cometan estos actos tan repudiables”, destacó.

Vale la pena mencionar que, en el material audiovisual, se observa que el hombre sostiene al canino de las patas traseras y lo golpea con un objeto contundente en reiteradas ocasiones.

Zuluaga señaló, además, que las autoridades competentes adelantan las acciones necesarias para que el agresor responda ante la justicia.

Este caso ha reavivado el debate sobre la ‘Ley 1774 de 2016’, conocida como la ‘Ley Ángel’, una norma que convirtió el maltrato animal en delito en Colombia.

Esta ley nació tras el asesinato del perro Ángel, en el Valle del Cauca, y establece que quien cause la muerte o lesiones graves a un animal doméstico o silvestre puede enfrentar penas de prisión de 32 a 56 meses, además de multas que van de 30 a 60 salarios mínimos legales vigentes.