OEA confirma deterioro de orden público en Colombia en 2024, sin contar lo que va de 2025

Con el correr de las semanas, en Colombia toma cada vez más fuerza la idea de que el país ha retrocedido unos 30 años en materia de inseguridad y orden público, por hechos como los 24 actos terroristas casi simultáneos en Cauca y Valle del Cauca la semana pasada y el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que se debate entre la vida y la muerte. El Gobierno Nacional ha sostenido que se trata de una narrativa de la oposición para crear zozobra y desprestigiarlo, pero hay miradas internacionales que también encuentran delicada la situación del país.

Ese es el caso de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) que, entre el primero de julio y el 31 de diciembre de 2024, efectuó 943 misiones de monitoreo en terreno y recorrió más de 131.000 kilómetros, por vía terrestre y fluvial, para llegar a 275 centros poblados de 171 municipios de 25 departamentos del país. O sea que observó en terreno lo que pasa y tiene conocimiento de causa para hablar con autoridad de la situación, plasmada en su Informe Periódico número 38, que la Secretaría General de la OEA presentó este miércoles ante el Consejo Permanente de ese organismo.

Pese a la denominada política de “paz total” del Gobierno Nacional, la MAPP/OEA observó un fortalecimiento, crecimiento y ampliación del accionar de los grupos armados con graves afectaciones a la población civil, especialmente en los territorios donde sostienen disputas entre ellos mismos. “La paz es un camino exigente que demanda un compromiso sostenido y acciones tangibles que protejan la vida y garanticen derechos y transformen las condiciones en los territorios”, dijo Roberto Menéndez, jefe de Misión de la MAPP/OEA, durante la presentación del informe.

Entre los hechos que evidenció la MAPP/OEA en sus intensos recorridos del segundo semestre de 2024, hay desplazamientos forzados y confinamientos de comunidades enteras en departamentos como Antioquia, Arauca, Córdoba, Chocó, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca, lo mismo que el aumento del reclutamiento forzado de menores de 18 años y la persistencia de los grupos armados en el uso de minas antipersonal y municiones usadas sin explosionar, instaladas para crear cercos defensivos en zonas de tránsito.

El domingo pasado, la columnista del Wall Street Journal Mary Anastasia O’Grady pintó de manera explosiva, y para una audiencia más internacional, lo que, desde su punto de vista, está pasando en Colombia: “La simpatía del presidente colombiano Gustavo Petro por la guerrilla ha empeorado la situación”, escribió. Para ella, el presidente Petro “es un ideólogo de extrema izquierda y defensor de la producción de coca desinhibida”, y desde que asumió el cargo en 2022 “ha impulsado un acuerdo al estilo [Juan Manuel] Santos con el terrorista Ejército de Liberación Nacional (ELN)”.

En su columna, bajo el título ‘Un narcoestado florece’, O’Grady también dijo que “en un esfuerzo por lograr la ‘paz’, se suspendieron las órdenes de captura y se bloquearon las solicitudes de extradición. La guerrilla incluso logró un cese al fuego del Sr. Petro en 2023”. Pero el Eln “ha respondido profundizando su relación con el ejército venezolano en la región oriental del Catatumbo, a caballo entre ambos países. Venezuela, bajo el dictador Nicolás Maduro y su ministro del Interior, Diosdado Cabello, es un importante país de tránsito de narcóticos y, al igual que en Ecuador, la minería ilegal es un gran negocio en Venezuela”.

De hecho, por la situación que se vive en el país, el jefe de Misión de la MAPP/OEA advirtió que “ante el recrudecimiento del conflicto armado en algunos territorios de Colombia, la Secretaría General de la OEA reitera el llamado al Gobierno y a los grupos armados a mantener los diálogos de paz en todas sus modalidades, priorizando la protección de la población civil y el respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los derechos humanos”.

En ese sentido, el Informe 38 de la MAPP/OEA reseña avances en el semestre que analiza de las iniciativas y diálogos de paz del Gobierno con diferentes actores, como la instalación de la Mesa para la Co-construcción de Paz Territorial en Nariño, los acuerdos sobre el Cese al Fuego Bilateral de Carácter Local y Temporal y la destrucción de material de guerra con el grupo armado Comuneros del Sur, disidencia del Eln. También resaltó lo acordado frente a la instalación de Zonas de Ubicación Temporal con el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).

Para la MAPP/OEA, estos logros, aunque responden a áreas específicas, “pueden tener un impacto transformador, y ser el punto de partida para avances concretos de paz”. Pero esa es una percepción sobre el segundo semestre de 2024, que dista de lo que, por ejemplo, denunció Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Pares, con respecto a que “los combatientes desmovilizados [de ‘Comuneros del Sur’] son, en su mayoría, hombres mayores, ya agotados por la guerra. Mientras tanto, los más jóvenes y operativos simplemente han cambiado de brazalete: ahora se identifican como Autodefensas Unidas de Nariño (AUN), como ‘Los Cuyes’ o como cualquier otra sigla que convenga al momento”.

“Lo que está ocurriendo hoy en Nariño debería ser motivo de preocupación nacional”, escribió Bonilla en una columna en El Espectador. “Mientras el Gobierno insiste en mostrar avances y promocionar el proceso como exitoso, las lideresas y líderes indígenas advierten que no hay una desmovilización real. Lo que hay es una reconfiguración estratégica. Los brazaletes cambian, pero los fusiles permanecen en las mismas manos”. Este tipo de circunstancias no fueron detectadas ni reseñadas por la MAPP/OEA.