Gobierno presenta borrador de estatuto antiterrorista para reformar el Código Penal colombiano y endurecer sanciones

El gobierno de Abelardo de la Espriella ha presentado un borrador para un nuevo estatuto antiterrorista que busca reformar el Código Penal colombiano e incrementar las penas y el alcance de diversos delitos relacionados con el terrorismo. Según Caracol Radio, entre las propuestas más significativas se encuentra el endurecimiento de sanciones para quienes fabriquen, compren o transporten drones con fines terroristas, castigando estas conductas con hasta 30 años de prisión si se presentan circunstancias agravantes, como la incorporación de explosivos o ataques dirigidos contra civiles o la Fuerza Pública. También se incluyen severas consecuencias para quienes retengan o desarmen a policías o militares en servicio, con penas que pueden llegar a 42 años cuando se utilicen métodos como el cerco o la privación de movilidad, conductas conocidas anteriormente como asonadas.

Uno de los pilares del proyecto es la creación de un Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, cuyo manejo estaría a cargo del Consejo de Seguridad Nacional. Según la información divulgada por Caracol Radio, la inclusión en este registro se decidiría mediante actos administrativos, apoyados por recomendaciones de una instancia técnica, e incorporaría listas internacionales vinculantes como las de las Naciones Unidas. Las revisiones judiciales quedarían en manos del Consejo de Estado, y las organizaciones incluidas serían evaluadas semestralmente.

A nivel jurídico, el borrador propone ampliar la definición de secuestro para incluir el cerco o retención de uniformados, la privación de su movilidad y el despojo de armamento, sin que se requiera la privación expresa de libertad en todos los casos, estableciendo penas específicas y multitudes para estos delitos. Además, introduciría el nuevo delito de "instrumentalización de población civil", penalizando con entre 10 y 18 años de cárcel a quienes organicen multitudes para obstruir la labor de la Fuerza Pública en beneficio de organizaciones registradas, y endurecería el castigo para delitos de asonada y apoyo material a grupos terroristas, incluso si el apoyo no se traduce en participación directa en atentados.

El proyecto también aborda la explotación ilegal de oro y el suministro de insumos a la minería ilegal, imponiendo penas de hasta 18 años y sancionando a quienes comercialicen minerales sin cumplir los requisitos legales. Finalmente, se introduce la posibilidad de que jueces establezcan restricciones preventivas a personas sospechosas de pertenecer a organizaciones registradas, incluso antes de que se formalice una imputación, y se sanciona penalmente el incumplimiento de estas medidas. De acuerdo con la información revelada por Caracol Radio y otros medios, este estatuto busca responder a las modalidades contemporáneas de terrorismo e incrementar las herramientas legales existentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué propone el borrador del estatuto antiterrorista sobre el uso de drones y tecnología?

El borrador del estatuto antiterrorista, según Caracol Radio, sancionaría con hasta 30 años de prisión la fabricación, adquisición, almacenamiento o transporte de drones con fines terroristas, especialmente si se emplean explosivos o se dirigen contra civiles o uniformados. Además, establece delitos específicos para la instrucción sobre sistemas no tripulados y contempla penas para quienes utilicen tecnología para interferir comunicaciones o sistemas de navegación con propósitos ilícitos.

¿Cuáles son las nuevas restricciones preventivas que plantea el proyecto y cómo afectan a los sospechosos?

El proyecto permitiría a los jueces, a solicitud de la Fiscalía, imponer restricciones como presentaciones periódicas, limitaciones de residencia o circulación, prohibición de comunicarse con miembros de organizaciones registradas, e incluso vigilancia electrónica, a personas presuntamente vinculadas a grupos terroristas, aun cuando no haya mérito suficiente para formular cargos. El incumplimiento doloso de estas medidas podría representar entre dos y seis años de cárcel.