Gobierno promulga política pública integral para la atención y búsqueda de personas desaparecidas en el conflicto armado

El Gobierno Nacional promulgó el Decreto 1029 el 5 de agosto de 2026, adoptando oficialmente la Política Pública Integral para la Atención, Prevención, Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas en el marco del conflicto armado, incluyendo específicamente a las víctimas de desaparición forzada. De acuerdo con El Espectador, mediante este decreto se incorpora un capítulo adicional al Decreto 1069 de 2015, consolidando la nueva política como el instrumento oficial del Estado dentro del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Esta política, que tendrá una duración de implementación de 10 años, ha sido diseñada para abordar el fenómeno de la desaparición de manera estructurada y coordinada entre distintas instituciones. El decreto establece que la política es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades que conforman el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, así como para cualquier otra institución del Estado que tenga competencias en procesos de atención, prevención, búsqueda o identificación de personas desaparecidas.

La estructura de la política se basa en cuatro componentes fundamentales: atención integral; prevención y garantías de no repetición; búsqueda, identificación y entrega digna; y derecho a la justicia. Estos componentes buscan cubrir todas las fases del abordaje institucional y humanitario necesario para enfrentar la problemática. Además, el decreto integra cinco ejes transversales enfocados en fortalecer la articulación entre instituciones, promover la participación de las víctimas y facilitar la gestión de la información relacionada con las desapariciones.

El alcance de esta normativa implica que todas las entidades involucradas deben ajustar sus respectivos planes, programas y acciones para alinearse con los lineamientos establecidos. Esto representa una ruta clara y obligatoria que prioriza la articulación interinstitucional, considerada clave para la efectividad de la política pública. Según la disposición, la Comisión Intersectorial del Sistema Nacional de Búsqueda será la encargada de diseñar y adoptar un Plan de Acción y Seguimiento (PAS) en un plazo máximo de 60 días después de la expedición del decreto, para garantizar la implementación y fiscalización adecuadas de la política.

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¿Qué entidades están obligadas a cumplir la nueva Política Pública Integral para personas desaparecidas?

Todas las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, así como las instituciones estatales relacionadas con la atención, prevención, búsqueda e identificación de desaparecidos, deben ajustar sus planes y acciones según lo dispuesto por la nueva política, según lo establece el Decreto 1029 citado por El Espectador.

¿Cómo se implementará el plan de acción y seguimiento para la búsqueda de personas desaparecidas?

La Comisión Intersectorial del Sistema Nacional de Búsqueda será la responsable de establecer un Plan de Acción y Seguimiento (PAS) en un plazo máximo de 60 días después de emitido el decreto, asegurando así la coordinación y supervisión de las medidas adoptadas para buscar e identificar personas desaparecidas dentro del marco legal establecido.