Congreso aprueba ley de sometimiento que refuerza combate legal contra grupos armados ilegales en Colombia
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El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Visitar sitioEl cumplimiento de la norma será evaluado durante cuatro años y pone nuevas exigencias para acceder a beneficios.
El presidente Abelardo de la Espriella resaltó que la aprobación de la ley de sometimiento en el Congreso representa un pilar esencial de la estrategia de paz y seguridad que su gobierno busca poner en marcha en el próximo cuatrienio. Según el mandatario, citado por El Espectador, la nueva norma constituye una herramienta clave para evitar negociaciones de carácter político con estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal, insistiendo en la necesidad de una política de combate frontal contra estos grupos armados irregulares.
El presidente elogió el papel del ministro de Justicia Iván Cancino y agradeció al Congreso su trabajo, resaltando que la ley refuerza las instituciones y la seguridad en Colombia. De acuerdo con De la Espriella, el paso de la normatividad por las cámaras legislativas pone punto final a lo que calificó como la “falsa paz total”, enfatizando el esfuerzo colectivo en fortalecer el Estado de derecho.
Entre los elementos centrales de esta ley, El Espectador destacó que exige a los máximos responsables de grupos armados ilegales pagar no menos de diez años de prisión y obliga a entregar los recursos obtenidos de actividades criminales. La norma prohíbe los diálogos de carácter político y establece que quienes decidan abandonar las armas, así como sus organizaciones, serán tratados únicamente bajo la condición de ilegalidad. No se permiten intermediarios directos, aunque sí es posible solicitar la presencia de abogados. Además, otorga al Gobierno la facultad de definir claramente las condiciones bajo las cuales estas estructuras podrán someterse a la legalidad.
El ministro Cancino, explicando las discusiones en Senado y Cámara, subrayó que la ley establece un límite de seis años para la concesión de libertad condicional e indicó que su vigencia será de cuatro años. Igualmente, se eliminó la posibilidad de que el Ministerio del Interior manejara ciertos fondos como gastos reservados para la seguridad pública. Cancino insistió en el respeto absoluto hacia las víctimas y el endurecimiento del tratamiento frente a los reclutadores. El proyecto exige el estricto cumplimiento de todos los requisitos para el sometimiento, advirtiendo que quienes incumplan serán remitidos inmediatamente a la justicia ordinaria. Además, se mantiene la vigencia de órdenes de captura y de extradición, y no se contempla ningún tipo de procesos de negociación.
El Congreso avanza, de esta manera, hacia la implementación de políticas que priorizan el castigo a la criminalidad sobre el carácter político de los grupos ilegales, en un giro decisivo respecto a la estrategia de la anterior administración, como confirmaron el senador Hernán Cadavid y el representante Daniel Briceño. Esta ley está a la espera de la sanción presidencial, tras la expiración de la ley vigente de orden público el 4 de noviembre.
¿Cuáles son los puntos clave de la nueva ley de sometimiento aprobada por el Congreso?
La ley fija una condena mínima de diez años para los máximos responsables de grupos ilegales, prohíbe cualquier diálogo de carácter político con estas estructuras y exige la entrega de recursos obtenidos por actividades criminales. Además, establece seis años como límite para la libertad condicional, tiene una vigencia de cuatro años y requiere el cumplimiento estricto de los requisitos para beneficiarse; quienes no los cumplan serán juzgados por la justicia ordinaria.
¿Por qué se considera que esta ley pone fin a la “falsa paz total” y cuál es la diferencia frente a estrategias anteriores?
Según declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella y de acuerdo con El Espectador, la nueva ley marca el fin de negociaciones políticas y prioriza una estrategia de control jurídico y penal. Esto contrasta con la política de la “paz total” del gobierno anterior, señalada por permitir diálogos políticos con grupos ilegales, mientras que la actual ley refuerza la persecución judicial y establece límites claros para el sometimiento.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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