Gobierno de Abelardo De La Espriella anuncia nueva estrategia de seguridad y migración en Colombia tras consejo en Barranquilla

El Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Abelardo De La Espriella, definió una nueva estrategia de seguridad para enfrentar la criminalidad en Colombia, tras un consejo de seguridad realizado el 23 de agosto en Barranquilla. Las instrucciones principales emitidas por el mandatario incluyen operativos enfocados en extranjeros que se encuentren en situación irregular, la conformación de un Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión, la persecución de finanzas ilegales y una ofensiva contra estructuras criminales organizadas, de acuerdo con información publicada por El Diario.

Durante el consejo de seguridad, De La Espriella enfatizó la necesidad de mejorar la coordinación ente la Policía, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial, argumentando que las divisiones institucionales han favorecido el funcionamiento de estructuras ilegales. En temas migratorios, ordenó a Migración Colombia, junto con la Policía, identificar y realizar operativos contra extranjeros en situación irregular, con Barranquilla como una de las primeras ciudades para la ejecución de estas acciones. La prioridad será aquellos extranjeros presuntamente vinculados a delitos y, en segundo término, quienes no tienen regularización migratoria. No obstante, enfatizó que la deportación solo podrá realizarse bajo el procedimiento administrativo definido por la normativa y mediante resolución motivada, aclarando que ya existen antecedentes de deportaciones, como las 310 actuaciones de 2026 y aproximadamente 6.000 en el gobierno anterior, según datos oficiales.

En la lucha contra organizaciones criminales, el presidente propuso tratar bajo la figura de "organizaciones terroristas" a aquellos grupos vinculados al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el contrabando, señalando que estos delitos suelen estar conectados y financiados principalmente por el narcotráfico. Sin embargo, esta categorización corresponde a un lineamiento político de seguridad y no supone la aplicación automática de los tipos penales del delito de terrorismo según el Código Penal colombiano.

Para combatir la extorsión, el mandatario dispuso la creación de un Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión para identificar y capturar cabecillas de estas redes, así como el traslado de internos vinculados con redes criminales si se detecta que continúan delinquiendo desde el interior de las cárceles. Además, el fortalecimiento de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) en coordinación con la Fiscalía, la Policía y el sector bancario pretende atacar los recursos financieros de los criminales.

Otra medida relevante es la formación de equipos élite de fiscales y jueces, quienes asumirán la judicialización posterior de los capturados. Se contempla también el trabajo con jueces itinerantes en zonas de mayor riesgo. En el plano operativo, delitos cotidianos como homicidio, hurto y redes de préstamos ilegales denominados “gota a gota” serán igualmente prioritarios. Barranquilla será el área inicial donde se evaluarán estos nuevos esfuerzos de seguridad e inteligencia, con futuras reuniones destinadas a monitorear su avance.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la estrategia de deportaciones y controles migratorios anunciada por el Gobierno?

La estrategia del presidente De La Espriella pide a Migración Colombia, en coordinación con la Policía, focalizar operativos en zonas urbanas, empezando por Barranquilla, para identificar extranjeros en situación migratoria irregular, especialmente aquellos relacionados con actividades delictivas. Estos procedimientos deben seguir la normativa colombiana vigente, que exige la emisión de una resolución administrativa motivada y la acreditación de causales legales para proceder con la deportación.

¿Cuáles son los principales delitos que prioriza la nueva política de seguridad en Colombia?

La nueva política de seguridad presentada por el Gobierno prioriza delitos como la extorsión, el homicidio, el hurto, el microtráfico y los préstamos ilegales (‘gota a gota’). Además, ordena la persecución de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, considerando que estas estructuras suelen estar interconectadas y compartir fuentes de financiación.