El drama de Héctor Montoya: 70 días esperando atención vital y el limbo judicial de la salud en Medellín

Héctor Montoya, un hombre de 70 años, lleva desde el 31 de enero postrado en una camilla del Hospital San Rafael de Itagüí, sin recibir la atención médica especializada que requiere con urgencia. Todos los médicos que han valorado su caso coinciden en la necesidad apremiante de remitirlo a un centro de mayor complejidad, un criterio que también fue respaldado por un fallo judicial. Sin embargo, hasta el momento la Nueva EPS, entidad promotora de salud a la que está afiliado, no ha autorizado su traslado, lo que ha generado una situación crítica para Montoya y su familia, quienes enfrentan una serie de obstáculos burocráticos y legales para intentar salvaguardar su derecho a la salud, según relata en detalle El Colombiano.

La odisea de Montoya comenzó a finales de enero, cuando notó dificultades al caminar debido a una afección en el pie. La familia, sabiendo de su historial de cirugía vascular, optó por buscar atención privada ante las demoras habituales de la Nueva EPS. Un especialista ordenó exámenes que confirmaron la presencia de un aneurisma y bloqueos arteriales importantes en ambas piernas. Alarmada por los resultados, la familia se apresuró a buscar asistencia de urgencia. El Hospital San Rafael de Itagüí, uno de los pocos centros públicos que aún atiende a usuarios de la Nueva EPS pese a los reiterados problemas de pago, le brindó una camilla y la atención posible, pero carece del servicio de cirugía cardiovascular que Montoya necesita con urgencia.

Desde su ingreso, el hospital ha solicitado insistentemente la remisión a una clínica que cuente con la especialidad requerida. Sin embargo, la Nueva EPS no ha dado respuesta hasta la fecha, sumiendo a la familia en un trayecto desgastante. Procedieron primero con una queja ante la Superintendencia de Salud y luego con una acción de tutela. El 20 de febrero, el Juzgado Primero de Familia de Oralidad de Itagüí emitió un fallo ordenando que la Nueva EPS garantizara en menos de 48 horas la transferencia de Montoya a un centro especializado, citando el derecho fundamental a la salud y la necesidad comprobada por los médicos tratantes.

A pesar de la orden clara y del exhorto judicial para evitar cualquier retraso injustificado, la remisión no se efectuó en el plazo establecido. La familia inició incluso un incidente por desacato el 6 de marzo, sin resultado favorable hasta el cierre del reporte.

El caso no es una excepción. Datos recogidos por la Personería de Medellín revelan que solo entre enero y mediados de febrero de este año se interpusieron 1.170 tutelas por presuntas vulneraciones al derecho a la salud, de las cuales 390 estaban dirigidas a la Nueva EPS. Además, la entidad registra 133 incidentes por desacato, cifras que ponen de manifiesto las grandes dificultades para hacer valer fallos judiciales relacionados con la salud en la capital antioqueña. Consultada por El Colombiano, la Nueva EPS no ofreció respuesta sobre este caso al cierre de la edición.

¿Cuántas acciones de tutela relacionadas con salud ha enfrentado la Nueva EPS en Medellín este año?

De acuerdo con la información documentada por la Personería de Medellín y recogida en el informe de El Colombiano, entre enero y la primera quincena de febrero de este año se registraron 1.170 acciones de tutela por presuntas vulneraciones al derecho a la salud en la ciudad. De ese total, 390 estaban dirigidas específicamente a la Nueva EPS. Este dato evidencia una problemática sistemática en la atención y gestión de los servicios de salud por parte de la entidad promotora.

La reiteración de incidentes por desacato —133 solo en este periodo— sugiere que existe una resistencia o demora significativa en acatar los fallos judiciales y garantizar la continuidad de los tratamientos médicos debidamente ordenados. Esta situación genera un ambiente de incertidumbre y vulnerabilidad para los usuarios, quienes deben recurrir a mecanismos legales para acceder a servicios básicos de salud.