Petro nombra a exministro envuelto en polémicas en Bruselas justo antes de la Ley de Garantías

Pocos días antes de que comenzara a regir la Ley de Garantías el 31 de enero, el presidente Gustavo Petro tomó la decisión de designar al exministro Juan Carlos Florián en un puesto diplomático en Bélgica. Florián, quien había salido del Ministerio debido a una serie de controversias relacionadas con la gestión y ejecución de distintos programas, fue nombrado Segundo Secretario de Relaciones Exteriores en el consulado de Bruselas el 30 de enero. Esta designación, realizada bajo la figura de provisionalidad, quedó registrada oficialmente en el Decreto 0117 de 2026. Tanto el presidente Petro como la canciller Rosa Villavicencio firmaron el documento. De acuerdo con el decreto, los recursos necesarios para cubrir esta posición se tomarán del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

La salida de Florián del ministerio, ocurrida a mediados de enero, estuvo marcada por una serie de revelaciones periodísticas y situaciones internas complejas. Según reportó el diario EL COLOMBIANO, uno de los factores decisivos fue la filtración de conversaciones de Dumar Guevara, por entonces viceministro, en las que insultaba a Andrea Petro, hija del mandatario. Estos hechos causaron tensión en la administración y generaron una reacción directa del presidente.

A esta situación se sumaron sospechas en torno a un contrato superior a 55 mil millones de pesos, firmado con un operador logístico donde Guevara había trabajado previamente. En los chats divulgados por EL COLOMBIANO, se evidencia que las relaciones entre algunos funcionarios y miembros de la familia presidencial eran tensas. Por ejemplo, Juan Carlos Florián fue mencionado en dichos chats, sugiriendo que debía evitar exponerse públicamente para no verse envuelto en controversias mayores.

En mensajes posteriores, el propio Guevara intensificó el tono, lanzando agravios contra Luz Mary Herrán, exesposa del presidente, y Andrea Petro. Las conversaciones revelaron no solo diferencias personales profundas sino también acusaciones relacionadas con la administración interna y supuestos malos manejos dentro de la fundación vinculada con la familia presidencial. Distintas fuentes citadas por EL COLOMBIANO indicaron que fue después de conocer estos hechos que el presidente optó por sacar a Florián del gabinete, aunque decidió esperar unas semanas antes de oficializar su salida.

En paralelo a este reacomodo de altos funcionarios, el país asiste a un clima de incertidumbre en torno al Ministerio de Igualdad (MinIgualdad). Después de que la Corte Constitucional declarara inexequible esta entidad, el Congreso tenía la tarea de subsanar el proyecto y presentarlo de nuevo antes del año siguiente. Sin embargo, según las opiniones recogidas tanto entre congresistas de diferentes partidos como entre integrantes del propio Gobierno, hay pocas expectativas de que el ministerio pueda tener continuidad.

Las dificultades del MinIgualdad no se reducen solo a cuestiones legales; la gestión ha sido cuestionada por una ejecución presupuestal muy baja —apenas 2,4% en 2024— y por diversas irregularidades, junto con numerosas quejas internas. Todo esto es interpretado por sectores legislativos como señales de que el ministerio está en riesgo de desaparecer antes de que termine el actual periodo de gobierno, lo que agrega una capa adicional de inestabilidad a la política interior colombiana.

¿Qué implica la Ley de Garantías para los nombramientos públicos en Colombia?

La Ley de Garantías en Colombia es una herramienta que entra en vigencia previo a las elecciones para evitar que los gobiernos de turno utilicen la contratación pública y el nombramiento de funcionarios como una forma de incidir en los resultados electorales. Esta normativa limita los nombramientos o contrataciones en la administración pública durante periodos específicos, buscando garantizar transparencia y equidad en el ejercicio del poder político y administrativo.

El nombramiento de Juan Carlos Florián se produjo justo antes de que entraran en vigencia estas restricciones legales, lo que ha motivado diversas interpretaciones políticas y jurídicas respecto a su oportunidad. En el contexto dado, esto subraya la importancia de la vigilancia ciudadana y el seguimiento periodístico a los movimientos de la administración pública, especialmente alrededor de los periodos preelectorales en Colombia.