"Se arriesga": Néstor Morales dice qué le pasaría al presidente por encarar a los delincuentes

Nación
Tiempo de lectura: 7 min
Escrito por:  Fabián Ramírez
Actualizado: 2026-11-17 07:10:30

Néstor Morales y varios penalistas analizaron el riesgo jurídico que corre el presidente De La Espriella al encarar públicamente a detenidos.

El debate político y jurídico en torno a la forma en que el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, encara públicamente a presuntos criminales recién detenidos sumó un contundente pronunciamiento del periodista Néstor Morales, quien advirtió sobre las graves consecuencias procesales que puede acarrear ese estilo de confrontación directa. Tras conocerse la compulsa de copias ordenada por el Juzgado 104 de Control de Garantías Ambulante de Antioquia por la exhibición en Montería de Néider Yesid Uñates López, alias ‘Primo Gay’ —capturado en Briceño y requerido por crímenes como el del periodista Mateo Pérez Rueda—, el director radial alertó que insultar o exponer a los procesados podría terminar favoreciendo su libertad en estrados judiciales.

Durante su análisis, Morales reconoció la gravedad de los delitos atribuidos al cabecilla disidente, pero subrayó que las garantías constitucionales rigen incluso para los peores criminales una vez quedan bajo custodia del Estado. “Le va a sorprender lo que yo le voy a decir, pero yo no soy el presidente de la República y no estoy en el momento de la captura. ¿Sabe cuál es el riesgo cuando el presidente lo insulta? Yo acá puedo estar de acuerdo que ese señor ‘Primo Gay’ perdió toda la indignidad, que no merece nada, pero es que él se arriesga a que un juez le declare un día de estos ilegal una captura porque los delincuentes acá en Colombia y en cualquier parte del mundo tiene unos derechos. Eso no es solo de películas, cuando el presidente va y los encara y les dice lo que les dice, pero se arriesga a violar derechos de los detenidos, que también los tienen. En la compulsa de copias le lanza un duro regaño al presidente De la Espriella por cuenta de la dignidad que se está violando en contra de los detenidos”, señaló el comunicador.

El pronunciamiento coincide con el criterio expuesto en la diligencia por el juez de garantías, quien si bien legalizó la aprehensión y dictó medida de aseguramiento en cárcel, remitió copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y a la Procuraduría General de la Nación recordando que “el respeto por la dignidad humana, el debido proceso y la presunción de inocencia no constituye un beneficio para la delincuencia ni un obstáculo para la administración de justicia”. En esa misma línea crítica consultada por El Tiempo, el penalista Santiago Trespalacios sostuvo que “el Presidente no puede humillar a ningún ser humano y menos al detenido absolutamente vulnerable y sometido ya al Estado”, mientras que el abogado Juan David Bazzani advirtió que “cuando las capturas se exhiben con calificativos despectivos o se presentan como una condena anticipada, se afecta la presunción de inocencia y la dignidad de las personas. Esto pone en riesgo el proceso: una captura cuestionada por su forma puede terminar en la libertad de quien se pretendía judicializar”.

Por el contrario, otro sector de juristas defendió la legitimidad institucional del mandatario al considerar que sus intervenciones responden a un cambio en la política de seguridad y no interfieren con la función judicial. La penalista Laura Kamila Toro explicó que el jefe de Estado “busca transmitir un mensaje de firmeza, persecución y captura de quienes presuntamente participan en actividades delictivas”, agregando que “que sus manifestaciones sean contundentes, que se aparten del lenguaje tradicional de los mandatarios o que resulten incómodas para determinados sectores no significa necesariamente que sean contrarias al ordenamiento jurídico”. A esta postura se sumó el abogado Diego Gutiérrez, quien recalcó que “en mi concepto, el actuar del Presidente se realiza desde la posición de comandante en jefe de la fuerza pública y sus manifestaciones no son determinantes para los procesos penales de los capturados”, mientras que el penalista Diego Suárez concluyó que la compulsa ante el Congreso difícilmente prosperará como conducta penal, pues de haber existido una vulneración grave el propio juez habría tenido que declarar ilegal la captura en la audiencia, quedando únicamente abierta la posibilidad de una denuncia querellable por injuria si el propio detenido decidiera interponerla.

Temas Relacionados:

Te puede interesar

Sigue leyendo