Terror en Tibú: una mujer herida por mina antipersonal revive el drama del Catatumbo en Navidad

En un nuevo episodio que evidencia el impacto persistente del conflicto armado en Colombia, una mujer residente en la zona rural del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, resultó gravemente herida tras pisar una mina antipersonal en la vereda Caño Indio. La explosión ocurrió justo afuera de su hogar, transformando su cotidianidad en una escena de violencia y dolor. Según información proporcionada por el Ejército Nacional y difundida por Noticias Caracol, la mina habría sido instalada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) a escasos metros del patio de la víctima.

El suceso ilustra la extendida peligrosidad que enfrentan las comunidades rurales inmersas en territorios disputados por distintos actores armados. En este caso particular, la rápida intervención de los enfermeros de combate del Ejército permitió estabilizar a la mujer, cuyas heridas en las piernas revestían gravedad. Seguidamente, fue trasladada vía helicóptero a un centro médico en la ciudad de Cúcuta para recibir atención especializada, tal como se evidencia en videos compartidos por medios de comunicación.

El contexto que rodea el ataque refleja una escalada de violencia en la región del Catatumbo, donde el ELN y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) se enfrentan de manera recurrente. Ambos grupos recurren no solo a explosivos lanzados desde drones, sino también al uso de minas antipersona en campos y senderos, infringiendo normas fundamentales del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los Derechos Humanos, al exponer de forma indiscriminada a la población civil.

El comandante de la Segunda División del Ejército, general Rodolfo Morales, en diálogo con Noticias Caracol, destacó el alto riesgo que asumen las fuerzas militares al intentar asistir a las víctimas en medio de la confrontación, haciendo énfasis en la prioridad que representa salvar vidas, incluso en condiciones adversas. Morales subrayó que, a pesar de la violencia, los esfuerzos institucionales se centran en proteger a los civiles y mitigar el impacto de la guerra.

La comunidad del Catatumbo, una vez más, atraviesa las celebraciones de fin de año bajo la incertidumbre y el temor, en medio de enfrentamientos enquistados por el control de corredores estratégicos para el narcotráfico. Como advirtió Morales, ninguno de los grupos renunciará fácilmente a sus posiciones, por lo que el conflicto parece destinado a continuar. Mientras tanto, más de 15,000 efectivos del Ejército Nacional, apoyados por recursos aéreos y terrestres, permanecen desplegados en Norte de Santander con el objetivo de garantizar la seguridad y reducir los riesgos para la ciudadanía.

Este caso reitera la urgencia de encontrar soluciones integrales a la violencia persistente que sufren los habitantes de regiones como Tibú, donde la guerra cambia, a diario, la vida de personas inocentes y les arrebata su derecho fundamental a vivir en paz y sin miedo.

¿Qué es una mina antipersonal y por qué su uso afecta principalmente a la población civil?
Una mina antipersonal es un artefacto explosivo diseñado para activarse por la presencia, proximidad o contacto de una persona, causando lesiones graves o la muerte. En el contexto colombiano, estos dispositivos son instalados por grupos armados ilegales como método de control territorial o para obstaculizar el avance de fuerzas contrarias. El uso de minas antipersona constituye una violación del Derecho Internacional Humanitario, especialmente porque no discrimina a las víctimas y afecta de forma desproporcionada a la población civil, restringiendo su movilidad y vulnerando su seguridad.

La preocupación por la utilización de estas armas aumenta en regiones afectadas por enfrentamientos como Catatumbo, donde los habitantes se ven expuestos a peligros constantes al transitar caminos rurales, trabajar en el campo o simplemente al intentar llevar una vida cotidiana alrededor de sus hogares. Las minas no solo generan heridos y muertes, sino que también dificultan el desarrollo económico, el acceso a la educación y los servicios públicos, perpetuando el ciclo de pobreza y violencia en zonas ya golpeadas por el conflicto armado.