Dicen cómo será la revisión a fotomultas por orden de De la Espriella: ya hubo movida con varias

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El Ministerio de Transporte dio inicio a una revisión integral de los sistemas automáticos de detección de infracciones para verificar su legalidad.

El debate sobre la operación, legalidad y el verdadero propósito de los sistemas automáticos y semiautomáticos de detección de infracciones de tránsito en las carreteras del país escaló a un nuevo nivel institucional, luego de que el Ministerio de Transporte anunciara una revisión exhaustiva a nivel nacional. La directriz, impulsada directamente por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, busca determinar si los dispositivos tecnológicos actualmente instalados en diferentes corredores viales cumplen de manera rigurosa con los parámetros técnicos orientados prioritariamente a la salvaguarda de la vida y la prevención de siniestros viales.

El proceso de inspección y auditoría será liderado de manera conjunta por el Ministerio de Transporte, en estrecha coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Superintendencia de Transporte y los demás organismos con competencias en materia de regulación del tránsito. De acuerdo con la información oficial emitida por la cartera ministerial, las labores de verificación comenzarán de manera inmediata y abarcarán la totalidad de los sistemas de fotodetección que operan en las diferentes jurisdicciones del territorio nacional, poniendo bajo la lupa tanto los permisos de funcionamiento como los soportes técnicos que justificaron su ubicación inicial.

La decisión del Ejecutivo responde a una serie de cuestionamientos ciudadanos y a la necesidad de frenar presuntas irregularidades, abusos o esquemas operativos donde la instalación de las cámaras no cuente con un respaldo técnico genuino vinculado a la accidentalidad. Al respecto, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, fue enfática al señalar que la detección electrónica debe cumplir una función preventiva y no constituirse como una herramienta de recaudo económico a costa del bolsillo de los conductores, advirtiendo que el Gobierno actuará con absoluta contundencia donde se detecten incumplimientos normativos. De hecho ya mandó a bajar 3 en la troncal del Caribe.

Dentro de las acciones técnicas contempladas en esta revisión nacional, las autoridades competentes verificarán minuciosamente que cada sistema cuente con las autorizaciones legales vigentes, evaluando factores determinantes como los índices reales de siniestralidad, los límites de velocidad establecidos, la calidad de la señalización vial y las condiciones particulares de los corredores donde operan los dispositivos. Adicionalmente, el Ministerio de Transporte adelantará una actualización de la regulación actual para establecer criterios mucho más estrictos que condicionen futuras autorizaciones, garantizando que cualquier nueva instalación responda a necesidades técnicas demostrables de seguridad en las vías.

Finalmente, la administración central reiteró que la estrategia para reducir la accidentalidad en el país no debe recaer exclusivamente en la instalación masiva de cámaras tecnológicas, sino que se priorizarán acciones complementarias enfocadas en obras de ingeniería vial, mejora en la señalización, programas pedagógicos y controles operativos integrales. Con estas medidas, el Gobierno busca equilibrar la relación entre las entidades de control y los actores viales, asegurando que la protección de la vida humana prevalezca de manera absoluta sobre cualquier interés de carácter económico.