Defensa de Miguel Quintero denuncia amenazas y posible plan contra su vida tras su traslado a la cárcel de Cómbita

La defensa de Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, elevó ante la Fiscalía General de la Nación una seria denuncia sobre un posible plan para atentar contra su vida dentro de la cárcel de Cómbita en Boyacá, lugar donde se encuentra privado de la libertad por presunta corrupción. En la denuncia, presentada el martes 10 de noviembre, también se solicita una investigación sobre presuntas llamadas intimidantes e intentos de extorsión dirigidos a la esposa de Quintero, hechos que, según el documento conocido por El Espectador, comenzaron poco después de su traslado a ese centro penitenciario el 30 de octubre.

La denuncia detalla que desde la llegada de Quintero a Cómbita su seguridad y la de su familia se ha visto comprometida por distintas situaciones. Una de ellas, según el reporte, son llamadas recibidas desde el 5 de noviembre por individuos que intentaron hacerse pasar por funcionarios judiciales. Por ejemplo, uno de estos hombres se presentó como Andrés Sanguinetti, supuesto funcionario del Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín; sin embargo, la verificación del número reveló que correspondía a otra persona. Señala también que, días posteriores, otra llamada formuló exigencias económicas utilizando la expresión “ocho galones” para referirse, en clave, a cerca de 8 millones de pesos, monto que debía pagarse a cambio de un informe de arraigo necesario para el proceso judicial. Frente a la negativa de la esposa de Quintero de hacer pagos, las amenazas directas de muerte no tardaron en llegar, extendiéndose incluso al abogado defensor.

En el escrito, la defensa de Quintero afirma que hay rumores consistentes entre personas privadas de la libertad en Cómbita sobre la planeación de un atentado. Igualmente, denuncia que el traslado de Quintero Calle a dicha cárcel representó una omisión en la evaluación de riesgos, exponiéndolo innecesariamente. Argumenta que trasladarlo sin una valoración previa significa dejarlo en condición vulnerable, lo que podría traer consecuencias irreparables y situaría al Estado en una responsabilidad especial por su deber como garante de la vida de las personas privadas de la libertad.

Respecto a la situación jurídica, Quintero fue formalmente vinculado a una investigación en septiembre, relacionada con el presunto direccionamiento irregular de seis contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, por un detrimento patrimonial superior a 2.481 millones de pesos. Inicialmente fue beneficiado con detención domiciliaria, pero el 30 de octubre, esta fue revocada y se ordenó su traslado a prisión en respuesta a un recurso presentado por la Fiscalía. De acuerdo con esa entidad, Quintero habría liderado, sin firmar contratos directamente, una estructura para beneficiar al Cuerpo de Bomberos, mediante acuerdos que contemplaban comisiones ilegales sobre proyectos adjudicados por un valor de 17.656 millones de pesos, principalmente durante la pandemia de covid-19.

¿Por qué razones fue trasladado Miguel Quintero a la cárcel de Cómbita?

El traslado de Miguel Quintero a la cárcel de Cómbita se produjo luego de que la detención domiciliaria que le había sido concedida fuera revocada por un juez penal del circuito de Medellín. Según la información expuesta por la Fiscalía General de la Nación y compilada en El Espectador, el cambio de medida obedeció a la solicitud de la Procuraduría y la representación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, motivadas por el riesgo de que Quintero obstaculizara el proceso o eludiera a la justicia.

¿En qué consisten los contratos irregulares que involucran a Miguel Quintero?

De acuerdo con la Fiscalía, los contratos bajo investigación corresponden a la entrega de elementos de protección y kits de bioseguridad durante la pandemia de covid-19, suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Se señala que se desviaron más de 2.400 millones de pesos mediante comisiones ilegales y que Miguel Quintero, sin firmar los contratos, habría ordenado a otros funcionarios adjudicarlos como parte de un supuesto "acuerdo de favorecimiento".

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.