Meta: entre el progreso económico y el reto de la seguridad, ¿puede la tasa salvar al departamento?

El departamento del Meta, ubicado en el centro de Colombia, juega actualmente un papel fundamental en el desarrollo económico de la nación, destacándose como el séptimo territorio que más aporta al producto interno bruto nacional. De acuerdo con información facilitada por El Espectador, Meta, junto a Arauca y Casanare, ha contribuido con 55 billones de pesos colombianos en regalías, lo que subraya su relevancia para la economía nacional. Esta región, considerada como la última frontera agrícola del país, dispone de aproximadamente 4,5 millones de hectáreas idóneas para expandir proyectos de agroindustria, procurando diversificar su liderazgo tradicional en la producción de palma, maíz, plátano y soya, y consolidar además su posición como referente en materia de turismo. La proximidad de Meta a Bogotá ha favorecido el crecimiento del turismo, especialmente en destinos como la Sierra de la Macarena, donde el flujo de visitantes internacionales roza los 10.000 anuales.

No obstante, este crecimiento ha venido acompañado de importantes desafíos en materia de servicios públicos y de infraestructura. Uno de los temas más urgentes es la situación del acueducto de Villavicencio, la ciudad principal del departamento, que desde hace años enfrenta dificultades para abastecer a sus cerca de 600.000 habitantes. Como respuesta, las autoridades trabajan de la mano con la Financiera de Desarrollo en procesos de planeación y concertación para definir las obras necesarias. Asimismo, se encuentra en curso la adecuación del aeropuerto internacional de Villavicencio, una infraestructura largamente demandada para facilitar tanto el transporte de pasajeros como de carga, beneficiando así la región conocida como la despensa agrícola del país.

La seguridad sigue siendo un tema prioritario para Meta. El gobierno departamental ha invertido más de 50.000 millones de pesos colombianos en apoyo a la Fuerza Pública, dotándola de equipos, drones y vehículos para fortalecer la movilidad y respuesta frente a los grupos armados ilegales. Entre las amenazas identificadas permanecen presentes disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), tales como las estructuras “Calarcá”, Jorge Suárez Briceño y “Iván Mordisco”, además del Clan del Golfo. Aunque se han logrado avances en la desarticulación de estas organizaciones, la problemática persiste y obliga a buscar mecanismos alternativos de financiamiento para fortalecer la infraestructura y operación de la Fuerza Pública, entre los cuales destaca el debate sobre la instauración de la tasa de seguridad.

El estigma de violencia asociado al departamento es un tema que se intenta contrarrestar con resultados tangibles en seguridad y la ausencia de zonas vedadas para la autoridad. Sin embargo, persiste la preocupación por el creciente reclutamiento de menores procedentes del Cauca, sumado al impacto de la falta de recursos en el despliegue logístico y tecnológico de la Fuerza Pública. Según los datos recopilados por El Espectador, tanto la deserción escolar como la presencia de actores armados continúan siendo objeto de seguimiento específico por las autoridades regionales.

En cuanto al proceso de paz en el territorio, la percepción departamental es de fracaso, pues se estima que el acuerdo derivó en el fortalecimiento de grupos armados a través de prácticas extorsivas que afectaron tanto a pequeños comerciantes como a grandes productores o ganaderos. Adicionalmente, el cierre de la vía al Llano incide negativamente en el recaudo de la tasa de seguridad, situación que, sin embargo, cuenta con el respaldo de los empresarios, quienes prefieren contribuir a la legalidad. En el aspecto político, se enfatiza la necesidad de que el próximo gobierno nacional otorgue mayor importancia a la región Amazorinoquía, donde se encuentra Meta, por su potencial agrícola y su peso económico, además de su papel en el desarrollo futuro del país.

¿Por qué es relevante la tasa de seguridad en el Meta?

La tasa de seguridad constituye una medida financiera de especial importancia para territorios como el Meta, donde la presencia de grupos armados ilegales ha desafiado constantemente la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública. El debate sobre su implementación, como señala la experiencia en Antioquia referida por El Espectador, gira en torno a establecer esquemas de cobro efectivos y transparentes, como su recaudo a través de la factura de servicios públicos, que permitan destinar recursos directamente al fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

Dicha medida no solo pretende mejorar la infraestructura y capacidades operativas de la Fuerza Pública, sino que también busca ofrecer alternativas tangibles a la población y al empresariado local, quienes se ven frecuentemente afectados por la extorsión. El éxito o fracaso en la gestión de esta tasa puede ser determinante para la reducción de la criminalidad y la estabilización de una región estratégica para Colombia.