Dura sanción de la Procuraduría a exfuncionarios de Daniel Quintero: nueve años de inhabilidad

Tras finalizar proceso de apelación, el ente de control confirmó la destitución e inhabilidad por nueve años a Natalia Urrego Arias, exsecretaria de Medellín

Tras surtir el proceso de apelación respectivo, la Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad general por nueve años impuesta a la exsecretaria de Infraestructura de Medellín, Natalia Urrego Arias, y al exgerente de Metroparques, Jorge Enrique Liévano Ospina.

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La decisión, proferida en segunda instancia por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, ratificó la suspensión de ambos funcionarios por las irregularidades detectadas en la ampliación de un contrato para la conservación de zonas verdes de la ciudad.

Todo inició con la firma del contrato por más de $5.200 millones —suscrito el 3 de noviembre de 2020, y que debía caducar en febrero de 2021– entre la Secretaría de Infraestructura y Metroparques. Dicho contrato tenía como finalidad el manejo de las zonas verdes de Medellín, que al final terminó convertido en un desastroso vínculo que dejó las zonas verdes de la ciudad convertidas casi que en manigua.

Según las pesquisas de los investigadores, para su realización, Metroparques como intermediario del contrato convocó mediante invitación privada a tres empresas pertenecientes al mismo núcleo familiar, seleccionando a una de ellas, para que cumpliera con el cuidado de las zonas verdes, lo cual generó serias dudas sobre la transparencia del proceso.

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Volviendo a la sanción de la Procuraduría, el órgano de control determinó que Urrego y Liévano celebraron y modificaron este contrato sin que existieran estudios técnicos que evaluaran adecuadamente las dificultades derivadas de la pandemia de Covid-19 que justificaran extender el contrato y por ahí derecho meterle más recursos.

Ese vacío en la planeación llevó a que el contrato, inicialmente firmado por tres meses —del 3 de noviembre de 2020 al 3 de febrero de 2021—, fuera prorrogado hasta el 10 de junio de 2021. En su momento, ambos funcionarios argumentaron que la ampliación se justificaba en las medidas sanitarias adoptadas por las autoridades nacionales, departamentales y municipales para mitigar la pandemia.

No obstante, la Procuraduría concluyó que dichas circunstancias no eran hechos sobrevinientes, imprevisibles ni irresistibles, sino factores plenamente conocidos al momento de firmar el contrato, por lo que se requería estudios técnicos que justificaran la extensión del vínculo.

Para la entidad, el negocio jurídico suscrito por $5.226 millones terminó desconociendo los principios de economía y eficacia administrativa. Para la Procuraduría, “la modificación del plazo no tuvo una motivación razonable y evidenció un manejo contrario a los fines del Estado”. Por ello, calificó la conducta como falta gravísima cometida con culpa gravísima.

La ratificación de la sanción no debió tomar por sorpresa a los implicados, toda vez que en agosto de 2025 la Procuraduría Disciplinaria de Juzgamiento 1 ya había proferido en primera instancia la misma decisión, tras concluir que la ampliación del contrato carecía de justificación legal y que afectaba los principios de la función pública.

Este contrato—para la conservación de zonas verdes—forma parte de un entramado más amplio de presuntas irregularidades que se habrían dado al interior de la Secretaría de Infraestructura durante la alcaldía de Daniel Quintero. Por ello, desde 2023, este y otros vínculos firmados por Urrego han sido objeto de investigaciones por parte de la Fiscalía y de organismos de control.

La suspensión de Urrego y Liévano coincide con las investigaciones penales que ambos enfrentan actualmente en la Fiscalía General de la Nación. Como resultado, la Fiscalía imputó a Urrego y Liévano los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Mismos cargos le fueron endilgados a la contratista Luz Eliana Henao Rodríguez.