Justicia histórica: excomandante militar condenado a 35 años por la masacre de Trujillo en Colombia

Un juzgado de Buga, en el departamento de Valle del Cauca, emitió una sentencia en segunda instancia contra Alirio Antonio Ureña Jaramillo, mayor en retiro del Ejército Nacional de Colombia, responsabilizándolo por al menos 25 asesinatos cometidos en la década de 1990. Estos homicidios hicieron parte de la masacre de Trujillo, uno de los episodios más violentos y emblemáticos en la historia reciente del país. De acuerdo con la decisión judicial, Ureña Jaramillo deberá cumplir una condena de 35 años de prisión y pagar una multa considerable, luego de que la justicia determinara que intentó dilatar el proceso en su contra con maniobras jurídicas.

Según los hallazgos recopilados por el Juzgado Segundo Penal de Buga, las pruebas reunidas durante el proceso dejaron en evidencia que Alirio Antonio Ureña Jaramillo actuó en coordinación con miembros de una organización ilegal. La documentación judicial señala que “unió su voluntad a la de los integrantes de la organización irregular con evidente vocación de continuidad”. Los testimonios y otros elementos de juicio presentados ante el tribunal indican que Ureña Jaramillo fue quien torturó y asesinó a varios campesinos del corregimiento de La Sonora, así como a los hermanos Vargas Londoño, José Agustín Lozano Calderón y Alirio Granada Vélez, todos víctimas de la oleada de violencia que azotó a la población de Trujillo.

En el momento de los hechos, Ureña Jaramillo se desempeñaba como comandante operativo del Batallón Palacé en Buga. Tenía a su cargo la implementación y ejecución de diferentes operativos dentro de la jurisdicción del batallón. Además, en marzo de 1990 asumió el mando del puesto de comando adelantado en Andinápolis. El expediente enfatiza que, como integrante de la fuerza pública, recaía sobre él la responsabilidad de proteger a la población civil. Sin embargo, la justicia determinó que se abstuvo de cumplir ese deber, permitiendo así la ocurrencia de múltiples crímenes cuya magnitud pudo haberse reducido, o incluso evitado, si hubiera atendido su obligación.

La sentencia también dejó claro que Ureña Jaramillo era el encargado de coordinar las operaciones militares conjuntamente con las autodefensas, formando parte de una colaboración delictiva prolongada tanto en términos de tiempo como de territorio. Estas acciones se enmarcaron en lo que la justicia calificó como coautoría, y fueron ejecutadas de manera plenamente consciente por parte del exmilitar.

Entre los delitos específicos por los que fue condenado se cuentan el secuestro y homicidio de once campesinos del corregimiento de La Sonora, así como el asesinato de los hermanos Vargas Londoño, José Agustín Lozano Calderón y Alirio Granada Vélez, quienes residían en Trujillo (Valle del Cauca). Los documentos judiciales también advierten que los crímenes ocurrieron en días sucesivos, incluyendo el asesinato del padre Tiberio de Jesús Fernández Mafla. Según la sentencia, muchas de estas víctimas fueron señaladas como supuestos colaboradores de grupos guerrilleros, lo que propició los ataques en su contra.

Ureña Jaramillo fue hallado culpable como coautor de homicidio con fines terroristas, secuestro agravado y concierto para delinquir. Por estos delitos, la justicia estableció una pena de 420 meses de prisión —equivalente a 35 años— y la obligación de pagar una multa de 4.875 salarios mínimos legales mensuales de 1990, lo cual representa aproximadamente 199 millones de pesos colombianos, cifra considerable para la época.

La sentencia contra el mayor en retiro del Ejército marca un nuevo capítulo en el proceso de esclarecimiento judicial de la masacre de Trujillo, reafirmando el compromiso de la justicia con la memoria de las víctimas y la responsabilidad de los agentes estatales. Según El Espectador, este caso continúa siendo referencia fundamental en los debates sobre justicia transicional y derechos humanos en Colombia.

¿Qué es la figura de coautoría en el derecho penal colombiano?

La figura de la coautoría es fundamental en el análisis de crímenes colectivos, pues permite atribuir responsabilidad penal a quienes, actuando en conjunto o de forma concertada, participan de manera determinante en la comisión de un delito. En el contexto colombiano, esta figura ha sido utilizada, especialmente en casos de crímenes de lesa humanidad, para condenar a quienes desde posiciones de mando u organización, coordinan o facilitan la ejecución de conductas delictivas.

Resulta relevante comprender este concepto porque, en el caso de Alirio Antonio Ureña Jaramillo —según documentos del Juzgado Segundo Penal de Buga—, se evidenció una actuación conjunta y prolongada junto a otros actores armados, lo cual encuadra dentro de la coautoría penal. Esto significa que no es necesario haber ejecutado personalmente todos los actos materiales del crimen, sino haber contribuido con acciones decisivas para el éxito del hecho delictivo.