Sin prisión domiciliaria: mujer condenada a 48 meses por tráfico de droga enfrenta severo fallo en Manizales

En un proceso judicial que se remonta a finales de 2023, Martha Isabel fue condenada por el delito de tráfico de estupefacientes luego de un procedimiento llevado a cabo por la Policía Judicial en Manizales. Según lo documentado por el Juzgado 4º Penal del Circuito con Función de Conocimiento de esa ciudad, la intervención ocurrió el 27 de noviembre de ese año, cuando las autoridades judiciales realizaron diligencias de registro y allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio San Sebastián, donde residía la acusada. El operativo permitió la incautación de dos bolsas de bazuco (sustancia psicoactiva derivada de la cocaína) cuyo peso ascendía a 0,25 gramos y 119,46 gramos, respectivamente. Además, se encontraron objetos relacionados con el expendio de la droga, como envoltorios y una gramera, lo que contribuyó a su detención en flagrancia.

Posterior al allanamiento, Martha Isabel buscó alcanzar un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación que le permitiera acceder a la prisión domiciliaria. Sin embargo, el primer preacuerdo presentado fue improcedente y, en consecuencia, denegado por las autoridades competentes. No obstante, el 1º de marzo de 2024, las partes volvieron a proponer un nuevo preacuerdo, esta vez con la precisión de que no contemplaba la opción de prisión domiciliaria, punto clave que facilitó su aprobación.

El proceso judicial continuó con la valoración de la situación psiquiátrica de la acusada. El 15 de julio de 2024, luego de una serie de dictámenes psiquiátricos realizados sobre Martha Isabel —cuyo contenido no fue detallado en la información revisada—, el tribunal definió la condena en 48 meses de prisión y una multa equivalente a 62 salarios mínimos legales mensuales vigentes (s.m.l.m.v). En la misma resolución, le fue negado el beneficio de prisión domiciliaria, bajo el argumento de que el acceso a este tipo de beneficios está restringido para casos de delitos asociados al tráfico de estupefacientes.

Inconforme con la decisión, la defensa apeló ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales, la cual ratificó la sentencia. A pesar de contar con la posibilidad de llegar a la Corte Suprema de Justicia, Martha Isabel decidió desistir del recurso antes de que los magistrados evaluaran su caso, sellando así la decisión judicial en firme y quedando obligada a cumplir su condena en establecimiento carcelario, de acuerdo con la resolución emitida en diciembre de 2024.

Este caso destaca el rigor legal que se aplica en Colombia a los delitos relacionados con el tráfico de drogas y las limitaciones que enfrentan los condenados para acceder a beneficios como la prisión domiciliaria. Además, pone de manifiesto el papel de los preacuerdos en los procesos penales y la importancia de cumplir rigurosamente con los lineamientos establecidos por la ley para que estos acuerdos sean admitidos por la justicia.

¿Qué significa la restricción de prisión domiciliaria para delitos de tráfico de estupefacientes?

En el sistema penal colombiano, la prisión domiciliaria es un beneficio al que pueden acceder ciertas personas condenadas, permitiéndoles cumplir su pena en su hogar bajo vigilancia. Sin embargo, la ley restringe este beneficio para delitos considerados graves, como el tráfico de estupefacientes, para desalentar estas conductas y evitar que sean vistas como delitos menores. Según lo expuesto en el caso de Martha Isabel, la normativa impide el acceso automático a dicha figura para quienes sean responsables de este tipo de crímenes, evidenciando la severidad con la que la justicia colombiana aborda el fenómeno del narcotráfico.

Esta restricción busca fortalecer la lucha contra el tráfico de drogas y proteger la seguridad ciudadana, puesto que las penas deben tener un carácter disuasorio. El caso analizado sirve de ejemplo sobre cómo las autoridades insisten en garantizar que las sentencias cumplan un fin preventivo y sancionatorio a la vez. ¿Deberían flexibilizarse estas restricciones para casos particulares o mantenerse en aras de la política criminal?