Crimen en Barú: Corte Suprema ratifica 35 años de cárcel para Margareth Chacón por asesinato de Pecci

Margareth Chacón ha sido señalada como una de las personas clave detrás del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022 en una playa privada de Barú, Cartagena. La Corte Suprema de Justicia de Colombia tomó una decisión definitiva al mantener en firme la condena a 35 años de prisión contra Chacón. El alto tribunal rechazó una tutela presentada por su defensa, la cual buscaba dejar sin efecto la sentencia condenatoria y solicitar un nuevo proceso. La justicia colombiana consideró que los argumentos presentados por Chacón no tenían solidez suficiente para revertir la condena impuesta por el delito de homicidio agravado, por el cual fue hallada responsable en primera instancia, aunque absuelta del cargo de porte ilegal de armas de fuego.

Durante el proceso, Chacón y su defensa sostuvieron que el fiscal Maro Burgos, encargado en su momento del expediente, habría ocultado más del 85% del material probatorio, incluyendo evidencias fundamentales para alegar su inocencia. Según la acusada, esta supuesta falta de transparencia le impidió ejercer plenamente su derecho a la defensa. No obstante, la Corte Suprema, tras analizar el caso, determinó que los señalamientos formulados por Chacón carecían de un fundamento jurídico sólido y correspondían más a hipótesis sin soporte legal, por lo que decidió inadmitir la tutela.

El caso de Chacón ha tenido múltiples instancias. Luego de la condena dictada el 15 de febrero de 2024 por el juez tercero penal de Cartagena, la defensa apeló la decisión, pero el Tribunal Superior de Cartagena ratificó el fallo el 27 de septiembre del mismo año. Finalmente, la Corte Suprema resolvió el recurso de casación en junio de 2025, dejando en firme el veredicto. Durante este proceso, la defensa insistió en que la participación de la acusada no correspondía a la de una articuladora del crimen y que su vinculación al vehículo utilizado en los hechos no representaba una prueba concluyente de su responsabilidad.

Sin embargo, según la sentencia de la Corte Suprema, Margareth Chacón fue condenada por haber conformado el grupo que coordinó el asesinato, prestando apoyo logístico para la llegada, estancia y salida de sus miembros en Cartagena. El tribunal estableció que las pruebas eran suficientes para acreditar su papel dentro de la estructura criminal.

Este pronunciamiento de la Corte se conoció pocas semanas después de que Andrés Felipe Pérez Hoyos, considerado testigo clave, acusó al fiscal Burgos de omitir información deliberadamente y de negarse a negociar preacuerdos. Sin embargo, información de El Espectador reveló que el fiscal sí buscó comunicarse en varias ocasiones con Pérez Hoyos y otro implicado, Ramón Emilio Pérez Hoyos, incluso tramitando reuniones en la cárcel El Barne, en Boyacá, acciones que finalmente fueron rechazadas por los mismos testigos.

¿Qué significa una acción de tutela en el contexto jurídico colombiano y por qué es relevante en casos como el de Margareth Chacón?

En el sistema judicial colombiano, la acción de tutela es un mecanismo excepcional al que pueden acudir las personas para solicitar la protección inmediata de sus derechos fundamentales ante posibles vulneraciones por parte de autoridades o particulares. En el caso de Margareth Chacón, la tutela se presentó con el argumento de que su derecho al debido proceso habría sido vulnerado durante el juicio. La relevancia radica en que este recurso, aunque poderoso, no está concebido para reevaluar pruebas o reabrir procesos penales cuando no existen fundamentos sólidos acerca de una violación real a los derechos fundamentales, como quedó evidenciado en la decisión de la Corte Suprema de Justicia.

La acción de tutela es utilizada frecuentemente en Colombia para cuestionar decisiones judiciales consideradas injustas o que puedan implicar la violación de derechos. Sin embargo, la Corte Suprema ha reiterado que debe demostrarse claramente la afectación de derechos fundamentales y no convertirse en un medio ordinario para reabrir procedimientos cerrados, garantizando así la seguridad jurídica y la estabilidad de las sentencias adoptadas por los jueces. ¿Qué otros casos recientes han involucrado el uso de la tutela para intentar reversar fallos judiciales en Colombia?