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Se trata de una demanda interpuesta en la Corte Suprema de Justicia contra Leonor Oviedo Pinto, quien salvó su voto en la decisión sobre el expresidente.
La magistrada María Leonor Oviedo Pinto, del Tribunal Superior de Bogotá, está bajo investigación de la Corte Suprema de Justicia por una denuncia presentada por el abogado Eduardo Castillo González.
(Vea también: Filtran cómo fue la votación en caso de Álvaro Uribe; decisión de absolverlo no fue inánime)
Según el denunciante, la funcionaria mostró un sesgo político a través de publicaciones en redes sociales entre 2018 y 2022, lo que atentaría contra la imparcialidad judicial, especialmente en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La denuncia de Castillo ante la Corte Suprema sostiene que la magistrada habría incurrido en prevaricato por acción y omisión. El abogado señaló que la imparcialidad de Oviedo estaría comprometida por su postura crítica hacia Uribe y por los comentarios irónicos que publicó en la red social X (antes Twitter).
Ahora, la magistrada Oviedo enfrenta una investigación disciplinaria que podría comprometer su carrera judicial. Se le señala por falta de imparcialidad y posible prevaricato, acusaciones que, de confirmarse, pondrían en riesgo su continuidad en el tribunal.
El Tribunal Superior de Bogotá anuló en octubre de 2025 la condena impuesta en agosto del mismo año contra Uribe, quien fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria por soborno en actuación penal y fraude procesal. La corte argumentó que existía insuficiencia probatoria, motivo por el cual decidió dejar sin efecto la condena.
En contraste con el fallo mayoritario, la magistrada Oviedo emitió un voto en contra de la absolución del exmandatario. En su salvamento de voto, afirmó que las pruebas presentadas eran suficientes para declarar culpable a Uribe y defendió mantener la condena de primera instancia.
Según expresó Oviedo en su posicionamiento disidente, la conducta de Uribe se ajusta claramente a los delitos de soborno y fraude procesal con culpabilidad. También sostuvo que el expresidente promovió encuentros y emitió instrucciones para conseguir declaraciones favorables, ejerciendo presiones sobre testigos.
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