En lujosos apartamentos viven expresidentes de Corte investigados por vender fallos

Leonidas Bustos vive en uno de $2.500 millones, en La Cabrera (Bogotá), y Camilo Tarquino, en uno de $4.200 millones en Santa Bárbara.

Su ex colega Francisco Ricaurte, también expresidente de la Corte Suprema de Justicia, tiene un apartamento (en lugar no especificado) de $1.400 millones.

Esas son las propiedades más llamativas, las más caras, las últimas, a las que se hicieron los honorables jueces luego de años de compra ventas de propiedades de menor valor, de acuerdo con un exhaustivo recuento que hace El Espectador.

A los exmagistrados Bustos y Ricaurte la justicia los investiga por presuntas irregularidades mientras eran jueces, ya que según la Fiscalía hay grabaciones obtenidas de conversaciones entre el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y Leonardo Luis Pinilla, abogado de Moreno, en las que se mencionan solicitudes de pagos a dos exmagistrados de ese tribunal.

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En uno de los audios, dice la Fiscalía, Pinilla menciona a los senadores Hernán Andrade y Musa Besaile, así como al excongresista y exgobernador Luis Alfredo Ramos, que tenían procesos judiciales en la Corte Suprema de Justicia, y a los dos exmagistrados.

En otras conversaciones se habla de “solicitudes de sumas de dinero o de pagos que se habrían hecho con intervención o conocimiento” de Pinilla y Moreno en relación con los casos de Andrade, Besaile y Ramos.

A Tarquino, por su parte, lo indagan por supuestas irregularidades de cuando era abogado, luego de haber dejado el cargo como alto magistrado.

“Solo la justicia podrá decir si alguno de estos bienes fue adquirido con dineros de origen ilegal, pero sí es claro que para la época en que Bustos empezó a vivir en la opulencia ya conocía a Gustavo Moreno, de cuya oficina empezó a volverse visitante asiduo hacia el año 2013”, dice el periódico capitalino.

Las fortunas de los tres expresidentes del Tribunal Supremo están bajo la lupa de las autoridades colombianas y de Estados Unidos, que las consideran como vías para seguir la pista de los aparentes pagos millonarios que les habrían hecho a cambio de manipular y redireccionar procesos para favorecer a senadores investigados.