Congreso colombiano avanza en proyecto para limitar vigencia de la JEP y definir traslado de casos abiertos tras 2028

Las propuestas encaminadas a modificar el alcance temporal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han comenzado a consolidarse entre miembros oficialistas del Congreso colombiano. Un hecho destacado tuvo lugar recientemente cuando uno de estos proyectos de ley, orientado a fijar un límite claro a la vigencia de la JEP, recibió aprobación mayoritaria en una votación que podría anticipar el avance de iniciativas similares que se debaten actualmente en el Capitolio. Estas medidas, que buscan encajar con la política de seguridad impulsada por el presidente Abelardo de la Espriella, están centradas en evitar futuras extensiones a la Jurisdicción Especial y en definir el destino de los casos que permanezcan abiertos después de la fecha límite propuesta.

De acuerdo con la información publicada, la iniciativa principal surge a partir del trabajo del senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez. La esencia del proyecto consiste en que la JEP no continúe más allá del año 2028. En caso de que, para entonces, existan expedientes que aún no se hayan resuelto, estos serían transferidos a la justicia ordinaria. Sin embargo, los expedientes en cuestión se juzgarían bajo las mismas condiciones jurídicas pactadas en el acuerdo de paz firmado con los exintegrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (exFarc) en 2016.

El propósito de este proyecto es modificar el acto legislativo 01 de 2017, eje fundamental que estableció la base jurídica para la JEP como un tribunal con funciones transicionales. Según se lee en el texto de la propuesta: “El plazo para la conclusión de las funciones de la JEP será de un término improrrogable de 10 años, contados a partir de la entrada efectiva en funcionamiento de la totalidad de salas y secciones de la JEP”. Es decir, el proyecto propone adicionar un inciso específico a la Constitución Política que impida una ampliación discrecional o automática de la vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Con este nuevo límite temporal, los congresistas buscan cerrar el ciclo de excepcionalidad jurídica representado por la JEP y especificar procedimientos para la transferencia de procesos no concluidos a la justicia ordinaria, estableciendo reglas claras sobre su tratamiento posterior. Estas decisiones, según fuentes recogidas en el reportaje, pretenden tanto reforzar el control parlamentario sobre el desarrollo de la justicia transicional como responder a inquietudes sobre el carácter temporal de dicho tribunal.

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¿Qué busca el proyecto de ley para limitar la vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz?

El principal objetivo del proyecto impulsado por el senador Enrique Gómez es establecer, mediante una reforma constitucional, que la JEP tenga una vigencia máxima e improrrogable de 10 años desde su funcionamiento pleno. Así, a partir del año 2028, los casos no finalizados serían enviados a la justicia ordinaria, aunque se mantendrían las condiciones jurídicas acordadas con los exFarc en 2016.

¿Qué implica transferir expedientes de la JEP a la justicia ordinaria?

Transferir expedientes de la JEP a la justicia ordinaria significa que aquellos casos no resueltos por la Jurisdicción Especial seguirían su curso en los tribunales regulares del país. Sin embargo, según la iniciativa, estos expedientes se continuarían evaluando bajo los mismos términos y normativas especiales definidas en el acuerdo de paz con los exFarc, asegurando así la continuidad de las condiciones pactadas.