¿Qué cambia en la Policía con la nueva ley de seguridad? Estos son sus puntos principales

La norma de seguridad ciudadana, aseguró el mandatario, da “tranquilidad” a los campesinos y empresarios “para que nadie pretenda a la fuerza arrebatarles la propiedad que solo puede ser reclamada a través de una autoridad competente“.

Para el ministro del Interior, Daniel Palacios, esta nueva normativa “pretende agravar las conductas que afectan a todos los ciudadanos y que el delincuente siempre vaya a la cárcel y no a la calle”.

También el evento contó con la participación del ministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien destacó que se trata de una ley “garantista de los derechos y libertades de los ciudadanos, pero, a la vez, implacable contra la delincuencia“.

A partir de ahora, los soldados y policías tendrán “una ley que les representa, y con un régimen disciplinario que les permite estar protegidos pero que les exige actuar con excelencia“, aplaudió por su parte el ministro de Defensa, Diego Molano.

Las críticas de la oposición a la nueva ley de seguridad ciudadana

La Ley de Seguridad Ciudadana es calificada por la oposición como una iniciativa que criminaliza la protesta.

Y es que precisamente esta ley fue presentada tras las protestas del año pasado en Colombia, en las que hubo reportes de graves violaciones de derechos humanos, sobre todo de abuso de fuerza policial, episodios de vandalismo y de civiles armados disparando contra manifestantes.

Una de las principales críticas hacia la ley es que abre la puerta al uso de armas siempre que sea en defensa propia “contra injusta agresión”, sin que posteriormente haya responsabilidad penal. Asimismo, contempla la “‘legítima defensa privilegiada’ cuando la víctima se defiende contra quien irrumpe de manera ilegal su habitación o vehículo“.

¿Cuáles son los principales cambios que hará la nueva ley de seguridad a la Policía?

Sobre esto último, una de sus principales iniciativas apunta más a judicializar ataques a la fuerza pública y los bienes públicos, recurrentes durante las protestas recientes, sin ser tan explícito con los abusos de autoridad.

Por ejemplo, modifica el Código Penal para aumentar las penas para quienes cometan delitos contra integrantes de las fuerzas de seguridad o defensores de los derechos humanos, mientras que las penas para quienes afecten la infraestructura destinada a la seguridad ciudadana, transporte masivo e instalaciones militares o de Policía serán de 48 a 144 meses.

En caso de homicidio de un miembro de la fuerza pública o un defensor de derechos humanos, un menor de edad o un periodista, la pena será la más alta, de 58 años, según CM&.

Ese noticiero indica que algunos de los puntos más importantes radican en penas más graves para reincidentes y el endurecimiento de penas “para quien atente contra la infraestructura destinada a la seguridad ciudadana y la administración de justicia”. También se establece que no se salvarán de cárcel quienes “cometan delito con el uso de arma de fuego, arma blanca o elemento menos letal”.

Aunque las penas serían más severas, las multas por infracción al Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana serían menores, prosigue CM&. Eso sí, establece que los robos de más de 4 millones de pesos no serán excarcelables. Por último, habilita las Alianzas Público Privadas (APP) “para la construcción y dotación de las cárceles del país”.

El articulado convierte en delito el porte de armas blancas en eventos masivos, según el noticiero, mientras que, de acuerdo con El Espectador, el “ocultamiento de identificación, discriminación contra poblaciones vulnerables, impedir la grabación de procedimientos y permitir actos que constituyan maltrato animal, entre otras”.

Beneficios y otros cambios institucionales en la Policía

El rotativo indica que también “se creó la figura del Inspector Delegado para la Manifestación Pública y Pacífica, uniformado cuya función será darle prioridad a las investigaciones por ‘conductas indebidas’ en contexto de protesta social”.

Asimismo, habrá certificación anual para miembros del Esmad y “las investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos serán competencia exclusiva de la Procuraduría General de la Nación“, indica el impreso.

El Espectador también señala que en la Policía “habrá matricula cero para jóvenes de estratos uno, dos y tres quienes deseen ser miembros de la institución”, y también “habrá una bonificación de permanencia para los mandos del nivel ejecutivo que, pese a cumplir su tiempo de servicio, decidan permanecer en la Institución”.

En un último punto, el diario habla de una inversión de unos $300.000 millones para dotar a la Policía con “11 mil cámaras corporales para vigilancia” y “mejorar la infraestructura de las estaciones de Policía de aquí a cinco años”.