Congreso aprueba nueva ley de sometimiento que excluye negociación y reconocimiento político a grupos armados en Colombia

El camino hacia la llamada ‘paz total’ propuesta por el expresidente Gustavo Petro encontró su final con la reciente aprobación de una nueva ley de sometimiento bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella. Según lo aprobado en el Congreso de la República, los grupos armados ilegales y organizaciones criminales no serán reconocidos como actores políticos ni tendrán la posibilidad de entablar negociaciones con el gobierno. De acuerdo con lo estipulado en el articulado, estos grupos únicamente podrán acogerse a un proceso de sometimiento a la justicia, donde los incentivos son limitados en comparación con procesos previos de negociación.

La ley, discutida y aprobada por el Congreso a una velocidad notable –en la noche del 3 de noviembre–, establece beneficios judiciales a quienes decidan entregar bienes, armamento y rutas empleadas en actividades ilícitas. Entre los principales beneficios, de acuerdo con la información discutida, se ofrecen ciertas rebajas en las penas. Sin embargo, los grupos interesados no contarán con la suspensión de órdenes de captura ni con la garantía de que no sean solicitados en extradición, aspectos que representan obstáculos significativos al momento de decidirse a someterse a la justicia.

Este cambio normativo llega después de que el proyecto fuera radicado ante el Congreso el 13 de octubre, y su rápida tramitación se explica por el inminente vencimiento de la Ley 418 de 1997, que fija las bases de la política de orden público y cuya vigencia expiraba el 4 de noviembre. Los legisladores, al aprobar la medida con 95 votos en la Cámara de Representantes y 57 en el Senado, sumaron algunas modificaciones al texto propuesto originalmente, pero manteniendo la línea central de someter, no dialogar.

Expertos en conflicto y seguridad citados en el debate han advertido sobre las dudas en la viabilidad de la ley, fundamentalmente por la falta de incentivos suficientemente atractivos y por el anuncio del gobierno De la Espriella de enfrentar a quienes no se sometan con todo el peso de la estrategia estatal de seguridad, una política que marca distancia con los intentos de diálogo y reconocimiento anteriores. La nueva normativa, con 30 artículos, responde así a la urgencia estatal de tener vigente un marco legal que regule la relación con los actores armados ilegales y cierra definitivamente la vía a una salida negociada como la promovida durante la administración Petro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales cambios de la ley de sometimiento aprobada en el Congreso frente a la ‘paz total’?

La ley de sometimiento establece que los grupos armados ilegales solo podrán acogerse a beneficios judiciales bajo ciertas condiciones, como la entrega de bienes y rutas ilegales, pero sin posibilidades de negociar o recibir reconocimiento político. Se aparta de la ‘paz total’ impulsada por el gobierno Petro, que sí contemplaba el diálogo y el incentivo político, y mantiene las órdenes de captura y extradición activas para quienes opten por el sometimiento.

¿Qué significa que no haya suspensión de órdenes de captura ni de solicitudes de extradición en la nueva ley?

La permanencia de las órdenes de captura y las solicitudes de extradición significa que quienes se sometan a la nueva ley no quedan protegidos frente a detenciones nacionales o internacionales, lo que reduce los incentivos para los grupos criminales de acogerse al proceso judicial. Esto implica una diferencia importante respecto a otros procesos donde dichas garantías sí eran parte de los acuerdos de sometimiento.