Gobierno y Congreso definen cambios clave al proyecto de ley de orden público en Colombia antes del plazo legal

El proyecto de ley de sometimiento o acogimiento, impulsado por el gobierno de Abelardo de la Espriella, enfrenta una carrera contrarreloj: debe ser aprobado antes del 4 de noviembre, fecha en la que vence la Ley de Orden Público (Ley 418 de 1997). De acuerdo con la información de El Espectador, el proceso legislativo avanza rápidamente. Este jueves se llevará a cabo un foro en la Comisión Primera del Senado, en el que participarán el ministro de Interior encargado y el titular de Justicia, Iván Cancino; la intención es preparar el terreno para el debate que, según lo anunciado, arrancará en la plenaria del Senado el viernes 30 de octubre. Por su parte, en la Cámara de Representantes, la discusión se anunciará el lunes festivo para iniciar formalmente el martes 3 de noviembre, un día antes del vencimiento del plazo.

El Proyecto de Ley 433 de 2026 en la Cámara y 296 de 2026 en el Senado, relacionado con la modificación y prórroga de la ley de orden público, ya superó la instancia de las Comisiones Primeras Conjuntas del Congreso. No obstante, requiere el aval completo del Legislativo antes del miércoles siguiente para ser adoptado de manera oficial. Esta urgencia responde, según se enfatiza, al hecho de que la iniciativa fue presentada por el anterior ministro del Interior, Rodrigo Lara, y resulta clave para el actual Ejecutivo.

La ponencia recibió luz verde en dichas comisiones con 21 votos favorables y 1 en contra en el Senado, mientras que en la Cámara fueron 21 a favor y 10 en contra. Posteriormente, el Consejo Superior de Política Criminal —que incluye delegados de la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, y entidades de gobierno— también avaló el proyecto con un voto mayoritario (14 a favor, 1 en contra). Entre los cambios más relevantes está una reducción en la vigencia de la ley: de diez años inicialmente propuestos, se pasó a solo cuatro, igualando el periodo del gobierno actual. En cuanto a la prisión para quienes incurran en lavado de activos, ahora se exige cumplir mínimo tres años antes de poder acceder a beneficios de libertad condicional, incrementando el tiempo respecto al primer borrador.

Además, continúan vigentes incentivos significativos: reducción de penas de hasta el 50 % para los integrantes de organizaciones ilegales y hasta el 30 % para sus líderes, quienes deberán pasar al menos diez años en prisión. No obstante, se han limitado los beneficios para aquellos responsables de reclutar menores. El ministro Cancino resaltó que las rebajas de penas no solo aplicarán para la entrega de rutas de narcotráfico, sino también para quienes entreguen laboratorios de drogas distintos a los vinculados con la cocaína, realicen erradicación manual de cultivos ilícitos y aporten pruebas concretas de corrupción pública o relaciones políticas criminales, siempre bajo el control probatorio de los jueces.

El texto representa, según El Espectador, el fundamento jurídico para el proceso de sometimiento criminal propuesto por el actual gobierno, contrastando con la política denominada "paz total" promovida anteriormente.

¿Cuáles son los cambios principales de la nueva ley de orden público en Colombia?

Entre los cambios más destacados están la reducción de la vigencia de la ley, que pasó de una propuesta inicial de diez años a cuatro, la exigencia de un mínimo de tres años de prisión para quienes busquen beneficios por delitos de lavado de activos y la limitación de beneficios para responsables del reclutamiento de menores, de acuerdo con lo expuesto por El Espectador y las actas legislativas citadas.

¿Qué beneficios ofrece el proyecto de sometimiento para integrantes de organizaciones criminales?

El proyecto mantiene la reducción de penas hasta en un 50 % para integrantes y del 30 % para líderes de organizaciones, condicionando estos beneficios al cumplimiento de al menos diez años de prisión y a la aportación comprobable de bienes, rutas, laboratorios, información sobre delitos relacionados con corrupción o nexos políticos, todo ello bajo la verificación judicial correspondiente, según información de El Espectador y declaraciones del ministro de Justicia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.