La espera terminó: el Gobierno reconoce y protege oficialmente a las mujeres buscadoras en Colombia

Durante años, las mujeres buscadoras en Colombia han enfrentado una espera silenciosa y dolorosa. Su historia es la de quienes, tras la desaparición de un ser querido, se han visto obligadas a reclamar respuestas y reconocimiento estatal. Según un reportaje de El Espectador, este largo anhelo atravesó varias dimensiones: primero, la esperanza de reencontrar a los familiares desaparecidos; luego, la exigencia de que el Estado reconociera y respaldara su labor; y finalmente, la prolongada espera de la reglamentación que brindara validez legal a sus derechos y demandas.

El 26 de enero de 2024 marcó un hito en esa lucha cuando, tras casi dos años, el Gobierno firmó el decreto que reglamenta la Ley 2364, conocida como la Ley de Mujeres Buscadoras. Esta norma reconoce, de manera oficial y sin precedentes, a madres, hermanas, hijas, tías y amigas de personas desaparecidas como sujetos de especial protección por parte del Estado colombiano. Datos aportados por El Espectador detallan que este avance fue recibido con emoción en la Fundación Nydia Érika Bautista, cuyo legado y liderazgos han sido fundamentales en el proceso.

No todas las protagonistas de este movimiento lograron ver este logro. Yanette Bautista, una de las impulsoras de la ley, falleció en septiembre, pero su legado permanece vivo en las mujeres que continúan exigiendo sus derechos. La confirmación del decreto liberó emociones contenidas tras décadas de trabajo solitario, desigual y prácticamente invisible. La ley, aprobada en abril de 2024, requirió del decreto presidencial para dotarla de mecanismos legales y efectivos, permitiendo así el reconocimiento y la reparación a las mujeres buscadoras.

Ante la demora en la firma, organizaciones iniciaron en enero acciones legales y campañas de visibilidad, presionando a las entidades estatales involucradas. La creación de la Red Nacional de Mujeres Buscadoras y la estrategia de incidencia pública resultaron determinantes, especialmente después de que la renuncia de un ministro exigiera una nueva revisión del decreto.

El contenido del decreto, explica El Espectador citando a Andrea Torres, directora de la Fundación Nydia Érika Bautista, destaca la implementación del Registro Único de Mujeres Buscadoras. Este registro, bajo la coordinación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), permitirá acreditar oficialmente la condición de buscadora y facilitar acceso a derechos como salud, vivienda, seguridad social, educación y apoyo psicosocial. La UARIV tiene seis meses para materializarlo. Además, el decreto detalla el papel de cada institución estatal y estableció una hoja de ruta para la aplicación de la ley.

El objetivo es asegurar el derecho a la salud y definir acciones prioritarias en el Ministerio del Trabajo, reforzando así la condición de las mujeres buscadoras como sujetos especiales de protección. Según las declaraciones recogidas por El Espectador, las representantes de estas organizaciones participaron activamente en la redacción del documento y consideran que recoge sus principales exigencias. Para ellas, la firma del decreto representa una oportunidad renovada para fortalecer su búsqueda, mantener viva la memoria de los desaparecidos y obtener respaldo integral del Estado.

La esperanza, antes solitaria, ahora encuentra respaldo jurídico e institucional, y quienes aún buscan respuestas continúan su trabajo, convencidas de que el país pronto podrá dar con el paradero de quienes aún no han regresado.

¿Por qué la creación del Registro Único de Mujeres Buscadoras es fundamental para la protección de sus derechos?

La creación del Registro Único de Mujeres Buscadoras es un paso crucial en la materialización de la Ley 2364, ya que brinda un reconocimiento oficial y permite el acceso a derechos vitales. Según El Espectador, este registro será gestionado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y facilitará que las mujeres que han dedicado años a la búsqueda de sus familiares tengan acceso a servicios y garantías antes no disponibles de manera formal.

Este mecanismo sirve además como puente entre las buscadoras y el Estado, abriendo canales para atención médica, apoyo psicosocial, vivienda y educación. Su relevancia radica en que, al formalizar la condición de buscadora, se cierran lagunas normativas y se otorga protección contra la vulnerabilidad histórica que han experimentado quienes, hasta hoy, actuaban sin recursos ni garantías suficientes.