Congreso define futuro de la jurisdicción agraria entre tensiones por el artículo noveno y funciones de la ANT

A pocos días de concluir la presente legislatura, la ley ordinaria sobre la jurisdicción agraria enfrenta su momento más decisivo en el Congreso. Según El Espectador, esta iniciativa, fundamental para implementar jueces especializados en conflictos de tierras, aún debe superar dos debates en las plenarias de Cámara y Senado. El foco de la controversia recae sobre el artículo noveno, el cual estipula en cuáles procesos agrarios —como clarificación de baldíos, recuperación de tierras o extinción de dominio agrario— la Agencia Nacional de Tierras (ANT) podrá seguir decidiendo y en cuáles será obligatorio el control judicial por magistrados especializados.

La situación escaló tras el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, que determinó que, mientras se pone en marcha la jurisdicción agraria, los jueces civiles asuman el control de los conflictos de tierras. Aunque este alto tribunal aclaró después que no intenta frenar la reforma agraria ni quitar funciones a la ANT, su intervención profundizó las divisiones en el Congreso y le dio más argumentos a la oposición, que ahora exige cambios sustanciales al polémico artículo.

La parálisis en el trámite legislativo se acentuó por el ausentismo y denuncias de presiones sobre los congresistas. El representante Gabriel Becerra, coordinador ponente de la ley, explicó a Colombia+20 que el anuncio de la Corte Suprema puso en riesgo la aprobación y que, pese a un acuerdo político entre el Gobierno y la oposición para discutir exclusivamente el artículo noveno, algunos sectores intentan incluir más temas en la negociación, lo que ralentiza el avance.

Becerra sostiene que la función de la ANT en la administración y recuperación de tierras ha sido clave y que, aunque el Gobierno ha mostrado disposición a revisar procesos específicos para garantizar el control judicial, exigir que todos tengan este control podría entorpecer la operatividad de la jurisdicción. Si la ley no es aprobada antes del 17 de junio, el Ejecutivo tendría que citar sesiones extraordinarias, o bien rehacer el trámite desde cero con el nuevo Congreso a partir del 20 de julio.

Este estancamiento se da en medio de movilizaciones campesinas y un clima electoral, lo que, según Becerra, ha convertido la jurisdicción en un trofeo político más que en una solución a la histórica conflictividad sobre la tierra en Colombia. El representante advierte que el fracaso de la ley daría argumentos a quienes promueven una eventual asamblea constituyente, aunque considera que aún no hay condiciones para ello.

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¿Por qué el artículo noveno de la ley de jurisdicción agraria causa tanta controversia en el Congreso?

El artículo noveno se refiere a cuáles procesos agrarios mantendrán la competencia de la Agencia Nacional de Tierras y cuáles necesitarán control judicial obligatorio. Según El Espectador, este punto enfrenta posiciones opuestas entre el Gobierno y la oposición, pues algunas bancadas temen perder facultades administrativas y otras consideran que el control judicial podría volver inoperante el sistema. Además, el pronunciamiento de la Corte Suprema sobre este artículo profundizó el debate y retrasó la aprobación.

¿Qué significa que la Agencia Nacional de Tierras tenga o pierda funciones en la nueva jurisdicción agraria?

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) es el organismo encargado de recuperar, clarificar y adjudicar terrenos baldíos en Colombia. Si pierde funciones claves en la nueva jurisdicción agraria, parte de esas decisiones pasarían a manos de jueces, lo que podría ralentizar los procesos. Según la entrevista publicada por El Espectador, la ANT ha sido esencial en asegurar la entrega legal de tierras, y limitar sus competencias sería visto como una regresión por quienes apoyan la reforma.