Mujer quedó en libertad luego de pagar su condena a punta de servicio comunitario

El Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Calarcá (Quindío), dejo en libertad a Jennifer Andrea Zabala Henao, condenada por el delito de violencia contra servidor público.

A través de la ley 2292 de 2023, conocida como ley de Utilidad Pública, Jennifer es la primera mujer en Colombia que logró cumplir su condena prestando servicio comunitario en un hogar de paso para adultos mayores y personas en situación de calle en Armenia (Quindío).

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Luego de que su caso fuera conocido por una juez de ejecución de penas, esta decidió concederle el beneficio de la ley 2292 de 2023, también conocida como Ley de Utilidad Pública, que es la primera norma que contempla la posibilidad de ejecutar una condena en donde la pena se traduce en actividades de impacto social para resarcir el daño.

“Yo creo que todas las personas cometemos errores y ningún ser humano está libre de equivocarse. Por eso necesitamos una segunda oportunidad. No se puede juzgar a nadie porque no sabemos qué necesidades tenga. Fue muy diferente a estar en una cárcel porque en mi caso yo pude estar con mi familia y ayudarla”, expresó Jennifer Zabala.

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El servicio comunitario de Jennifer fue prestado por medio de la Confraternidad Carcelaria de Colombia, una organización no gubernamental (ONG) que promueve distintas iniciativas con personas privadas de la libertad y sus familias desde un enfoque de justicia restaurativa. De acuerdo con las autoridades, la mujer pudo cumplir su pena sin tener que pasar un solo día privada de la libertad.

En Colombia, actualmente 59 mujeres se encuentran bajo el beneficio de la ley de Utilidad Pública, y esperan poder cumplir su condena a través de servicios comunitarios. Para el Ministerio de Justicia este caso es un testimonio de los alcances y posibilidades de la justicia restaurativa con enfoque de género.

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El viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña Hernández, precisó que luego de 10 meses de vigencia de la ley de Utilidad Pública, “Jennifer Andrea es la primera mujer que paga su condena con servicios de utilidad pública. Por todo esto consideramos que resocializar es el camino”.