Exgobernador de Arauca, Facundo Castillo, condenado y acusado por millonaria corrupción en contratos públicos

José Facundo Castillo Cisneros, quien ocupó el cargo de gobernador en el departamento de Arauca durante los períodos 2012-2015 y 2020-2021, enfrenta hoy graves señalamientos judiciales. La Fiscalía General de la Nación lo acusó ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Este proceso judicial se inició tras detectarse, según la Fiscalía, presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante un contrato suscrito en su primera gestión.

La controversia gira en torno a un contrato firmado el 26 de diciembre de 2014, cuyo objetivo era la construcción de una vía de doble calzada en la glorieta del Coleo, situada en Arauca. El valor inicial del contrato excedía los COP 16.000 millones. No obstante, las anomalías comenzaron desde la planeación del proyecto: de acuerdo con el ente fiscalizador, la licitación arrancó sin la elaboración previa de los estudios necesarios que justificaran la conveniencia y necesidad de la obra, omitiendo requisitos esenciales establecidos por la ley para la contratación pública.

En un intento por subsanar las irregularidades, el 20 de agosto de 2015 se aprobó una adición presupuestal que incrementó el monto total del contrato a más de COP 20.700 millones. Según la Fiscalía, esta maniobra derivó en un detrimento patrimonial de más de COP 2.800 millones, al registrarse una presunta apropiación indebida de recursos públicos. Como parte del proceso judicial en curso, la Sala admitió como víctimas tanto a la Gobernación de Arauca como a la Contraloría General de la República, entidades que ahora buscan la reparación de los posibles daños sufridos.

Pero este no es el único episodio judicial que enfrenta Castillo Cisneros. Recientemente, el 15 de mayo de 2025, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia lo condenó a doce años y dos meses de prisión por corrupción en otro contrato. En esa ocasión, favoreció de forma deliberada al consorcio Educando Arauca, dirigido por Óscar Evelio Durán Rodríguez, para que obtuviera la contratación de dotación mobiliaria escolar en el departamento. Los magistrados concluyeron que el proceso licitatorio fue diseñado a medida para beneficiar a ese grupo empresarial específico.

Además, los señalamientos contra el exgobernador incluyen una imputación en 2021, tras su captura por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). En esa oportunidad, Castillo Cisneros fue acusado por delitos como concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, administración desleal y financiación del terrorismo. La investigación sostiene que facilitó contratos a contactos vinculados con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), buscando a cambio respaldo armado y apoyo político durante sus campañas. Todas las acusaciones descritas han sido documentadas y reportadas por El Espectador, citando a la Fiscalía General de la Nación y los fallos judiciales correspondientes.

¿Qué implicaciones tiene el delito de peculado por apropiación para los recursos públicos de una región?

La pregunta sobre el delito de peculado por apropiación surge por la manera en que afecta la gestión y protección de los recursos públicos en Colombia. El peculado por apropiación se da cuando un servidor público toma para sí o para terceros bienes del Estado, generando pérdidas económicas directas para la administración y, por consiguiente, para la población beneficiaria de los proyectos financiados con dichos recursos. Este delito suele tener amplias consecuencias, ya que pone en tela de juicio la confianza en la gestión pública y puede frenar el desarrollo regional al desviar fondos asignados para obras y servicios esenciales.

La relevancia de este tema reside en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la contratación estatal. Tal como se evidenció en el caso de Arauca reportado por El Espectador y documentado por la Fiscalía, las irregularidades en la adjudicación y ejecución de contratos no solo generan perjuicios económicos, sino que también afectan el acceso de los ciudadanos a infraestructuras y servicios. Por ello, entender la naturaleza y el impacto del peculado es fundamental para la vigilancia y exigencia de una administración pública íntegra y eficiente.