JEP solicita a la Corte Suprema información sobre posible vínculo de Sandra Ramírez con el asesinato de Miguel Uribe Turbay

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha solicitado de manera formal a la Corte Suprema de Justicia información precisa sobre la posible implicación de Sandra Ramírez, integrante del partido Comunes —antes conocido como Farc—, en el homicidio del excongresista y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Según lo revela un documento oficial de la JEP, la petición se dirige a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, a la que se le indica que tiene un plazo de tres días hábiles para proporcionar los datos suministrados previamente por la Fiscalía respecto a este caso, poniendo énfasis en cualquier elemento que pudiera vincular a Ramírez con el atentado ocurrido en junio de 2025.

Esta solicitud surge como parte del proceso de verificación del régimen de condicionalidad que deben mantener quienes firmaron el acuerdo de paz en calidad de comparecientes, entre ellos Sandra Ramírez. Dicha condición implica que deben cumplir estrictos compromisos legales y de verdad ante el sistema de justicia transicional. En el mismo documento, firmado por la magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán, la JEP exige que se clarifique si Ramírez está actualmente sujeta a investigaciones, actuaciones procesales o si existe cualquier información que la relacione con el magnicidio. Además, pide que, en caso de haber una relación formal o investigativa, se informe sobre la naturaleza y estado del proceso, así como que se envíen copias de los documentos pertinentes, bajo las reservas legales que regulan este tipo de diligencias.

En torno al crimen de Miguel Uribe Turbay, ya se encuentra bajo investigación otro compareciente de la JEP: Kendry Téllez Álvarez, conocido como “Yako” dentro de las disidencias asociadas al grupo de “Iván Márquez”. De acuerdo con la información suministrada, la JEP revocó su beneficio de libertad condicional el 26 de octubre, a raíz de una orden de captura expedida por la Fiscalía por su presunta participación en el asesinato. Sin embargo, Téllez lleva más de un año y ocho meses sin ser ubicado, incluso para su propio abogado.

La decisión de quitarle la libertad condicional a alias “Yako”, pero sin expulsarlo del Sistema Integral para la Paz —tal como lo había solicitado la Procuraduría—, fue firmada por los magistrados Diana María Vega Laguna y Pedro Julio Mahecha Ávila, integrantes de la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP. Esta determinación obedece a que no se ha comprobado plenamente que Téllez haga parte de las disidencias de las Farc, según lo expuesto por la jurisdicción transicional.

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¿Cuál es el papel actual de la Jurisdicción Especial para la Paz en el seguimiento de casos como el de Sandra Ramírez?

La Jurisdicción Especial para la Paz se encarga de vigilar el cumplimiento de los compromisos asumidos por quienes firmaron el acuerdo de paz, como Sandra Ramírez. Su función central es verificar que estos comparecientes mantengan condiciones legales y aporten a la verdad sobre hechos relevantes, solicitando y analizando información ante posibles nuevas investigaciones o vínculos con actividades ilícitas según la información oficial trasladada por instancias como la Corte Suprema de Justicia.

¿Por qué la JEP no ha expulsado a “Yako” del Sistema Integral para la Paz tras revocarle la libertad condicional?

La JEP tomó la decisión de revocar el beneficio de libertad condicional de Kendry Téllez Álvarez, alias “Yako”, ya que existe una orden de captura por su supuesta participación en el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Sin embargo, no fue expulsado del Sistema Integral para la Paz porque, según la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP, aún no se ha comprobado de manera suficiente que “Yako” pertenezca a las disidencias de las Farc, elemento necesario para proceder con la expulsión.