Iván Cepeda se destapó sobre escándalo de Petro con Deicy Jiménez y dijo qué hará el Pacto Histórico

El debate jurídico en torno a las presuntas irregularidades en la contratación estatal que salpican al expresidente Gustavo Petro sumó una nueva reacción institucional desde el Congreso de la República. El senador Iván Cepeda se pronunció este viernes sobre el complejo escenario judicial que enfrenta el exmandatario, tras conocerse la admisión de denuncias y la apertura de indagaciones preliminares por parte de las autoridades competentes en relación con el caso de la excontratista Deicy Jiménez.

Durante su intervención en Blu Radio, el congresista enfatizó que existe una disposición absoluta por parte del exjefe de Estado para someterse a los estrados judiciales y atender cada uno de los requerimientos emanados de los órganos de control. En esa línea, el parlamentario subrayó la relevancia de acatar los mandatos consagrados en la Constitución Política en el marco de las pesquisas formales. “El expresidente Gustavo Petro ha expresado con toda claridad que está dispuesto a comparecer ante la justicia y responder con la verdad”, afirmó de manera categórica el legislador, al tiempo que recalcó que la normativa superior exige un respeto irrestricto hacia las garantías procesales, el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho fundamental a la defensa.

El pronunciamiento del senador se produce en un momento de alta tensión institucional, marcado por actuaciones recientes como la inspección judicial ordenada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en la Secretaría General del Senado, y las diligencias adelantadas por la Fiscalía General de la Nación en torno a los contratos firmados por Jiménez durante su paso por distintas entidades del Estado. Para Cepeda, los señalamientos públicos y las denuncias sobre supuestos intercambios de favores personales por contratos oficiales deben dilucidarse exclusivamente en los escenarios judiciales previstos por el ordenamiento jurídico, garantizando la independencia de los jueces y la transparencia probatoria.

Asimismo, el parlamentario sostuvo que los integrantes del movimiento político comparten el deber ineludible de atender los llamados de las autoridades bajo los principios de sujeción a la ley. Las declaraciones buscan fijar una postura frente a las múltiples evidencias que han comenzado a circular en los medios de comunicación, incluidas las copias espejo de dispositivos móviles y los intercambios de mensajes digitales entre funcionarios del anterior gobierno que ya se encuentran bajo la lupa de los investigadores penales y disciplinarios.

Mientras la defensa del exmandatario insiste en que los materiales difundidos carecen de validez procesal como prueba anticipada y exige rigurosidad en las pericias técnicas, el alto tribunal y el ente acusador continúan recaudando elementos materiales probatorios para determinar si existió una desviación de recursos públicos en la adjudicación de los cargos que hoy mantienen al centro de la tormenta política a la administración pasada.