Senadora Isabel Zuleta se dio un tiro en el pie con confesión sobre "aportes" a campañas

Este jueves, la propia senadora aumentó la controversia que desató en las últimas horas respecto a su salario como congresista, después de confesar que hace aportes económicos a campañas políticas con miras a las elecciones regionales que se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre.

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En una entrevista con Blu Radio, Zuleta mencionó que el dinero sale de su salario, por lo que podría incurrir en una conducta ilícita.

“Para las campañas locales lo que estoy haciendo es un aporte personal, porque sé las dificultades de un líder social para sacar una valla, un volante o un periódico. Que haya una sola tesorería no implica que no tengamos gastos individuales”, dijo inicialmente.

Luego, agregó: “Eso lo saco de mi salario. Nosotros no tenemos otra manera de hacer nuestras campañas porque nosotros no tenemos padrinos de empresas privadas”.

Acá, el momento en el que confesó hacer aportes a campañas:

Qué dice la ley sobre financiación de campañas en Colombia

De acuerdo con la Constitución Política de 1991 en su artículo 110, quienes desempeñan funciones públicas tiene prohibido hacer cualquier tipo de aporte a campañas.

“Se prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley. El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones será causal de remoción del cargo o de pérdida de la investidura”, dice el artículo en cuestión.

Por su parte, la Registraduría Nacional, basándose en el artículo 27 de la Ley 1475 de 2011, enumera una lista de prohibiciones para fuentes de financiación de los partidos, movimientos políticos y campañas, y allí se menciona la posible ilegalidad que estaría cometiendo la senadora.

“[Fuentes] que provengan de personas que desempeñan funciones públicas, excepto de los miembros de corporaciones públicas de elección popular, quienes podrán realizar aportes voluntarios a las organizaciones políticas a las que pertenezcan, con destino a la financiación de su funcionamiento y a las campañas lectorales en las que participen, de acuerdo con los límites a la financiación privada previstos en el artículo 25 de la presente ley”, se lee en el documento de delitos electorales.

En ese sentido, al ser una fuente prohibida por la ley, la congresista estaría cometiendo un delito que, de acuerdo con el Código Penal, tiene una pena de “cuatro (4) a ocho (8) años en prisión, multa de cuatrocientos (400) a mil doscientos (1.200) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo”.